CAMPECHE, CAMP. En el marco de los 16 días de activismo para erradicar la Violencia contra las Mujeres, la deuda alimentaria se revela como una agresión silenciosa pero devastadora. No es solo un incumplimiento legal, es una forma de violencia económica que golpea donde más duele, al vaciar la despensa y cargar sobre una sola persona el peso completo de la crianza.
El abandono de los hijos en el estado es un malestar que cualquiera puede percibir sin necesidad de estadísticas: la deuda alimentaria. Es un problema que huele a preocupación, al tintineo de las monedas contadas con angustia por las madres. Mientras tanto, los responsables de aportar desaparecen entre excusas, salarios maquillados y trabajos abandonados para evadir la obligación.
Las cifras oficiales muestran el vaivén del problema, 39 casos en 2021, un salto abrupto a 277 en 2022, una caída inexplicable a 10 en 2023, 25 en 2024 y 26 en lo que va de 2025. El registro es una estadística oscilante que, más que aclarar, exhibe un sistema fragmentado.
EL SILENCIO DE LAS MADRES ES CANSANCIO
Los números oficiales parecen bajos en este 2025, pero activistas de la Ley Sabina advierten que la cifra es engañosa, esto por un sube y baja de algunas madres que logran empujar un juicio hasta que obligan al padre ausente a pagar. Además, el Registro Civil señaló que la plataforma estatal para consultar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos aún se está actualizando.
Y para rematar, la irresponsabilidad alcanza incluso a quienes deberían poner el ejemplo, al menos cuatro funcionarios públicos campechanos están señalados por no cumplir con su pensión. Ellos que exigen disciplina desde sus escritorios, pero la olvidan cuando la responsabilidad es en casa.
Sin embargo, muchas prefieren hacer cuentas con los dedos y esforzarse el triple, en vez de la humillación de rogar por justicia y desgastarse. Por eso, los casos de madres que no denuncian son la cifra más dolorosa y desconocida, miles deciden eso antes de depender de un padre ausente y largos trámites.
ENTREGAN MIGAJAS DISFRAZADAS DE TRÁMITE
La pensión alimentaria, sigue siendo una batalla interminable para miles de mujeres, pues muchas, aunque realizan los trámites pues es un derecho que les corresponde a sus hijos reconocen que las pensiones terminan siendo “raquíticas”.
Esto pues empresarios solapan a su personal ocultando el salario real para que los descuentos no se apliquen y otros prefieren renunciar antes que cumplir.
Mientras tanto, las madres enfrentan una doble batalla: el desgaste de un proceso judicial lento y la necesidad de llenar esa mesa vacía. El problema de los deudores es la cicatriz que duele. Una herida profunda que seguirá abierta mientras los hombres sigan sintiéndose impunes al silenciar el sonido de la cuchara en la mesa de sus propios hijos.
Cada depósito que no llega no es una omisión aislada, es un acto que limita la autonomía de la mujer, la somete al estrés constante de “estirar” lo que no alcanza y la obliga a suplir lo que legalmente les corresponde a dos. Esta violencia no deja marcas en la piel, pero sí en la vida diaria, en la estabilidad emocional y en las oportunidades que se pierden mientras se intenta sostener un hogar con lo mínimo.
