MÉXICO. En un giro inesperado, un juez federal ha dictado prisión preventiva justificada contra El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, implicado en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, quien pasará su primera noche en una prisión mexicana.
Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el abogado de Pemex respaldaron la petición de prisión preventiva asegurando que el implicado contaba con los recursos suficientes para darse a la fuga. Durante su intervención, el exdirector de la petrolera estatal aseguró que era inocente y que está llegando a un acuerdo para reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad. Por los delitos que se le imputan, lavado de dinero, asociación delictuosa y
cohecho, Lozoya podría pasar hasta 35 años en prisión.
A su salida del Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros, parte de la defensa de Lozoya, ha adelantado que se interpondrá un recurso para solicitar la suspensión en el ejercicio de la acción penal y con ello lograr la liberación de su cliente. “Estamos ciertos que la vía es el acuerdo con la Fiscalía de la República, confiamos en los jueces. (Lozoya) está muy tranquilo muy confiado y vamos a trabajar para el acuerdo de reparación del daño”, ha declarado a su salida del penal. El litigante aseguró que en la audiencia se ofreció a Pemex una propuesta de reparación del daño para que proceda el criterio de oportunidad por lo que esperan que puedan reunirse a la brevedad con los abogados de la petrolera estatal.
La primera audiencia presencial de Lozoya, desde su extradición desde España, tuvo una duración de cinco horas. El exdirector de Pemex llegó a bordo de una camioneta de lujo al penal de la Ciudad de México alrededor
de las 9.00 horas, acompañado de sus tres abogados. Una hora más tarde comenzó la audiencia en la que, por sexta ocasión, la defensa solicitó una prórroga de 60 días para terminar con la investigación complementaria. La Fiscalía, por el contrario, pidió al juez que se declarara cerrada la etapa de investigación, argumentando que los documentos a los que aludían los abogados del acusado ya están integrados en la carpeta de investigación. Al final, el juez
optó por conceder una prórroga de solo 30 días bajo los argumentos del debido proceso y los derechos de la defensa, además de que instó a la Fiscalía a recabar más datos y pruebas contra el imputado.
