CAMPECHE, CAMP. Por cuarta ocasión consecutiva, la audiencia judicial de un grupo de productores menonitas en Hopelchén tuvo que ser diferida al no contarse con un intérprete certificado en su lengua materna. La acumulación de reveses en el procedimiento y las discrepancias sobre la jurisdicción de los predios derivaron en el anuncio de una movilización social para el próximo 30 de septiembre, convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Agrícola, señaló que, el aspecto central que mantiene detenido el expediente radica en las garantías del debido proceso. Al tratarse de integrantes de una comunidad con su propia variante lingüística, la legislación penal y civil establece la obligatoriedad de contar con un traductor o intérprete acreditado que garantice el entendimiento pleno de las actuaciones.
AMPAROS E INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
A la par de la barrera idiomática, la defensa legal inició acciones ante el tribunal para cuestionar la vía en la que se desarrolla el pleito por la posesión de las tierras. El dirigente también informó sobre la presentación de un amparo y la interposición de un incidente de incompetencia contra la jueza Claudia Gabriel. El argumento central sostiene que los predios en disputa corresponden a terrenos nacionales, un estatus que ubicaría el caso bajo la jurisdicción exclusiva de las autoridades federales y no del ámbito estatal.
