CAMPECHE, CAMP. La defensa legal de la comunidad menonita alista una contraofensiva judicial para remover formalmente a la jueza local y al Ministerio Público del caso. Tras una nueva paralización de la audiencia programada para este jueves debido a la falta de un intérprete capacitado, la dirigencia campesina anunció que interpondrá un juicio de amparo y recursos ante tribunales administrativos para exigir que las autoridades estatales dejen de intervenir en un proceso que, por ley, le corresponde de manera exclusiva al fuero federal.
La decisión surgió tras confirmarse que el propio querellante, Luis Uitz Villarreal, reconoció explícitamente en dos declaraciones ministeriales rendidas bajo protesta de decir verdad que el conflicto patrimonial involucra la posesión de terrenos nacionales. Esta manifestación técnica dejó al descubierto una grave invalidez de origen dentro de la causa penal, dado que los tribunales del fuero común carecen por completo de jurisdicción y competencia para investigar o resolver disputas vinculadas a bienes de propiedad nacional.
Frente a esta irregularidad, Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, confirmó que acudirán a las instancias administrativas para solicitar la revisión inmediata de la actuación del Ministerio Público y de la juzgadora. A la par, el juicio de amparo indirecto buscará congelar la intervención local de manera definitiva antes del próximo 28 de agosto a las 10:00 de la mañana, fecha fijada por el juzgado para intentar reanudar la audiencia con un traductor habilitado.
El argumento central de la defensa sostiene que la averiguación previa debió ser iniciada desde el primer momento por un Ministerio Público Federal y consignada ante un juez de la misma adscripción. Al haber abierto un expediente sin tener las facultades constitucionales para hacerlo, las actuaciones de la fiscalía local y de la jueza corren el riesgo de ser declaradas nulas, viciando el debido proceso de Johan y del resto de los imputados en la causa.
Rodríguez Gómez enfatizó que la estrategia no busca evadir la acción de la justicia ni entorpecer las investigaciones sobre los predios, sino garantizar que la causa sea conducida por un órgano jurisdiccional imparcial y constitucionalmente facultada. La postura del movimiento campesino exige un alto a la conducción de juicios al margen de la ley, demandando certezas jurídicas sobre la soberanía de los tribunales involucrados.
