CAMPECHE, CAMP. Un laberinto legal y un evidente conflicto de intereses tienen al borde del desalojo a 50 familias de la comunidad menonita “La Nueva Trinidad”, en Hopelchén. Bajo la sombra de un presunto despojo, los productores denunciaron que las autoridades de justicia locales intentan arrancarles 346 hectáreas de tierras agrícolas que compraron legalmente hace tres décadas. Con ello perderían su producción de soya, maíz y sorgo.
Jhoam Neufeld Wall, propietario de los predios El Progreso, El Porvenir y El Triunfo, junto a más de 50 comuneros se manifestaron tras la suspensión de una audiencia clave por una flagrante violación a sus derechos humanos, ya que el tribunal no les garantizó un traductor.
Acompañados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo México, los afectados destaparon una red de presunta complicidad que señala directamente a la jueza Ana Maribel de Atocha Wuitz May y al Ministerio Público Francisco Pérez Coyoc, quienes emitieron una orden de desalojo basándose en un predio inexistente llamado “El Ramonal”, con la clara intención de ejecutarse sobre las parcelas en producción “El Progreso” y “El Porvenir”.
BATALLA POR EL CAMPO LEGAL
Sin embargo, Neufeld Wall reiteró que tienen documentos que avalan la legalidad de la tierra desde 1994 inversiones que superan los 300,000 pesos por parcela y años de infraestructura en caminos saca-cosechas.
Mientras que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) les propone “negociar” con los demandantes, en lugar de hacer valer la ley.
“¿Cómo vamos a negociar algo que nos ha costado esfuerzo, dinero y que hemos trabajado por años?”, sentenció con impotencia Johan Neufeld Wall, representante legal de los afectados. Aunque los menonitas adquirieron las tierras de buena fe a través de contratos privados, el régimen del suelo sigue siendo ejidal.
