CAMPECHE. El cerco judicial y político alrededor de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, se estrechó. En apenas 48 horas fueron detenidas dos personas de su entorno más cercano, al tiempo que se reactivó con fuerza el proceso de desafuero en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gubernatura en Campeche (2015-2019).
Cabe recordar que hace unos días, fue arrestado en la Ciudad de México Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista.
Un día después, en Campeche, cayó Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue titular de la Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal precisamente cuando “Alito” gobernaba. Ambos enfrentan imputaciones por peculado.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche se centran en un supuesto desvío de recursos públicos a través de la televisora Mayavisión —que habría recibido alrededor de 97 millones de pesos durante la administración de Moreno— y el uso de empresas que facturan operaciones simuladas (las llamadas “factureras”). Se habla de al menos 36 millones de pesos irregulares en ese esquema.
Pero el expediente principal que sustenta la solicitud de desafuero es aún más grave: La Fiscalía de Campeche acusa a Moreno de peculado y uso indebido de atribuciones por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos del erario durante su gestión como gobernador.
El caso arrastra años de pausas, amparos y nuevas indagatorias; sin embargo, en las últimas semanas la Sección Instructora de la Cámara de Diputados confirmó que el expediente está vivo y podría resolverse a partir de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.
Mientras el cerco se cierra en México, “Alito” optó por la vía internacional. El 10 de agosto realizó su quinta visita a Washington en dos años. Allí denunció “censura” y “persecución política” tras la resolución del INE que le ordenó retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” o “cártel de Morena”. Fue más lejos: presentó una queja ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE, invocando la Ley Magnitsky, que permite sanciones económicas y migratorias.
Desde la oposición se escucha el discurso de victimización. Moreno califica las detenciones y las carpetas como una “cacería del Estado” orquestada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Sin embargo, legisladores de Morena y analistas señalan que el priista busca en el extranjero la legitimidad y la protección que ya no encuentra dentro del país, mientras enfrenta señalamientos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y un patrimonio que no se explica solo con sus ingresos declarados como legislador.
El PRI que lidera Moreno llega a este momento en su punto más débil electoral de las últimas décadas. Las acusaciones de corrupción de su paso por Campeche, las detenciones de su círculo cercano, el proceso de desafuero que se reactiva y sus reiterados viajes a Washington pintan el retrato de un dirigente acorralado que, mientras clama persecución, ve cómo la justicia mexicana comienza a tocar a quienes lo rodean.
