CDMX. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya marcó el calendario: la primera semana de octubre se llevará a cabo el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”. El objetivo es concreto y contundente: quitarle el fuero constitucional, esa inmunidad procesal que lo ha protegido de ser juzgado por delitos del orden penal.
Una vez retirado el fuero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, a través de su Fiscalía Anticorrupción, podrá solicitar el ejercicio de la acción penal ante un juez de fuero común.
Son cinco carpetas de investigación las que pesan sobre el dirigente priista. Los delitos que se le imputan no son menores: peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Este contexto es indispensable.
Mientras el PRI y sus voceros han desplegado una campaña de provocaciones, ataques personales y señalamientos de todo tipo —incluso de índole sexual— contra diputados y diputadas, intentando construir la narrativa de una “persecución política”, la realidad es otra.
Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche no nacieron ayer ni por un capricho partidista. Se originaron después de que Moreno dejó la gubernatura. Ya hubo detenciones: un contador ligado a su hermano y el que fuera vocero del gobierno de Campeche. Según la fiscalía, existía un esquema de enriquecimiento presunto de personajes cercanos a Alito, un menoscabo de millones de pesos en el que incluso han sido señalados su hermano y su madre.
