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14 septiembre, 2026

ALITO

Campeche

AMPAROS Y MALEZA AHOGAN LA RESIDENCIA DE ‘ALITO’

CAMPECHE, CAMP. En las primeras horas de un domingo en el que la tranquilidad habitual del fraccionamiento Lomas del Castillo mantenía a los vecinos al interior de sus viviendas, Campeche HOY realizó un recorrido por la zona. En total abandono, con los muros despintados, reducida vigilancia y la maleza ganando terreno al interior y en sus alrededores, es como luce hoy el complejo residencial asegurado al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la inspección periodística, apoyada con imágenes de dron y registro fotográfico en tierra, se constató el menoscabo físico de la propiedad. Aunque la fachada conserva el imponente enrejado electrificado y múltiples cámaras de videovigilancia en todo su perímetro, el deterioro es evidente: los portones lucen despintados y el abandono domina el paisaje.

El inmueble permanece bajo resguardo precatorio de la Fiscalía General del Estado (FGE) como evidencia dentro de carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, no puede ser intervenido ni demolido debido a que la defensa legal del priista mantiene activos diversos juicios de amparo.

TENSIÓN EN ACCESO Y HALLAZGOS AÉREOS

La tensión en el lugar se confirmó en la caseta del predio, donde un vigilante con rostro serio exigió con severidad la retirada del equipo. Sin embargo, la falta de mantenimiento del inmueble asegurado también quedó al descubierto desde el aire, donde el sobrevuelo con dron permitió registrar áreas invadidas por la maleza y marcados desprendimientos en la pintura exterior.

Cabe destacar que el complejo bajo la lupa ministerial abarca una extensión territorial de aproximadamente 7,000 metros cuadrados, conformada por más de 10 lotes fusionados en el exclusivo fraccionamiento. Tan solo la edificación principal supera los 1,900 metros cuadrados de construcción, un área que hoy permanece congelada por el litigio penal y sin posibilidad de aprovechamiento público.

PRIMERA FASE EN LA ANTIGUA SPSC

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Esta traba legal y la imposibilidad de que el Estado disponga de la propiedad definitiva forzaron una reestructuración estratégica en el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Aunque inicialmente se contemplaba el uso de estos predios y la expropiación de ocho hectáreas en el sector Miramar/Resurgimiento por utilidad pública, el Ejecutivo estatal determinó fragmentar el desarrollo institucional en dos etapas para no frenar la oferta educativa.

Para cumplir con el calendario y arrancar clases en el primer trimestre de 2027, la primera etapa de la universidad se adecuará de inmediato en el inmueble que ocupaba la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Las autoridades confirmaron que el acuerdo está firmado y la licitación iniciará a la brevedad.

SEGUNDA FASE CONDICIONADA A LITIGIOS

Por su parte, la segunda etapa está condicionada al avance de los juicios. Los terrenos expropiados en Miramar no han sido descartados, sino postergados para una fase de expansión posterior. Mientras la Consejería Jurídica desahoga el litigio legal para tomar posesión con certeza jurídica, la residencia principal en Lomas del Castillo seguirá funcionando únicamente como evidencia penal: congelada, despintada y absorbida por la vegetación.

De acuerdo con los peritajes e inspecciones de la FGE, la lujosa propiedad fue equipada con diversos espacios recreativos de alto costo. Entre las amenidades destacan un área de alberca con jacuzzi, una sala de cine privada con 18 reclinables de piel, pista de boliche, salón de juegos con mesas de billar y una cantina temática adaptada con la carrocería de un vehículo Cadillac.

Así, mientras las chicanas legales y los amparos tramitados por la defensa de Moreno Cárdenas mantienen a la residencia privada en el abandono y bajo la maleza, el Gobierno del Estado avanza sin pausar la oferta académica. Con la habilitación de la antigua sede policial para febrero, la administración estatal garantiza el derecho a la educación superior de los jóvenes campechanos, dejando que sean los tribunales los que determinen el destino final del complejo.

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