CDMX.- El fantasma del desafuero vuelve a rondar la sede nacional del PRI y, con él, el destino político de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
Aunque no hay una “confirmación de última hora” de una reactivación fulminante en estas horas de octubre de 2026, el expediente sigue vivo en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y el nuevo presidente de esa instancia, el morenista Eduardo Castillo, ya lo tiene entre los asuntos pendientes.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche sostiene la solicitud de juicio de procedencia por el presunto desvío de alrededor de 83.5 millones de pesos durante la gestión de “Alito” Moreno como gobernador (2015-2019).
Los delitos que se le atribuyen incluyen peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Se han mencionado múltiples carpetas de investigación a lo largo del proceso; en distintas etapas se habló de cinco expedientes. El objetivo es claro: retirar la +inmunidad constitucional para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier ciudadano.
El caso lleva más de un año de idas y vueltas: se desechó una solicitud anterior, se presentó una nueva, se pidieron documentos adicionales, se detuvo a personas cercanas al entorno de Moreno y se ha usado como arma política de lado y lado.
