SAN FRANCISCO DE CAMP., CAMP. Las leyes aprobadas para proteger a los animales en el estado corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones. Aunque el Congreso local ha logrado sacar adelante reformas para sancionar penalmente a quienes dañen a seres sintientes con pirotecnia o expongan a menores de edad a actos de crueldad, el proyecto central para castigar estos delitos con rigor ministerial —la creación de la Vicefiscalía Ambiental— se encuentra totalmente paralizado debido a la falta de asignación presupuestal.
La encrucijada financiera fue confirmada por la diputada Abigail Gutiérrez, quien detalló que la Comisión Especial de Protección a los Animales continúa sin instalarse formalmente por trabas administrativas de la Junta de Gobierno.
Precisó que el verdadero freno no está en el debate parlamentario, sino en la disponibilidad de recursos que permitan dotar de estructura a la Fiscalía.
El trabajo técnico de la agenda animalista ha caminado a contracorriente de la parálisis interna del Congreso. En fechas recientes, el pleno aprobó un paquete de agravantes penales diseñados para prevenir entornos violentos. Pero estos avances enfrentan una dura realidad operativa, sin un cuerpo especializado de ministerios públicos que persiga los delitos, las denuncias ciudadanas suelen diluirse en la burocracia común.
