CAMPECHE, CAMP. No fue una disputa de fe, fue una guerra territorial por el dinero. Entre 2015 y 2016, la Diócesis de Campeche, bajo el mando del hoy exobispo José Francisco González González, ejecutó un frío y calculado despojo financiero: expulsar definitivamente a la orden religiosa de los “Salvatorianos” del estado.
Todo por el control de las escuelas privadas del Instituto Mendoza y el Colegio Fray Angélico así como de las incalculables limosnas del santuario de San José Obrero. El epicentro de esta trama lo ocupa el padre Sebastián Korczak.
Llegado a Campeche en 2008, el sacerdote polaco se convirtió rápidamente en una figura de altísimo perfil, ganándose el afecto de empresarios, políticos y familias de la clase alta campechana. Bajo su rectoría, el Instituto Mendoza y el Colegio Fray Angélico alcanzaron su estándar de oro en infraestructura y prestigio.
El dato oculto es que el párroco polaco había logrado conseguir para dicha parroquia reliquias auténticas de San Juan Pablo II (hilos de su sotana con sangre). Esto transformó al templo en un imán de turismo religioso internacional, generando un flujo constante de miles de feligreses y millones en donaciones que la Diócesis codiciaba.
Por ello, el éxito de los planteles y la autonomía financiera de la orden despertaron la “avaricia” de la curia diocesana. Los Salvatorianos no eran invasores; operaban las escuelas bajo un convenio legal y eclesiásticoblindado, firmado con el anterior obispo, Ramón Castro Castro, que les otorgaba el derecho de administración por medio siglo.
GUERRA SANTA POR MILLONES
En mayo de 2015, el obispo González González exigió la entrega inmediata de las firmas y las cuentas bancarias. Korczak se defendió con el convenio en mano, desatando una cacería eclesiástica donde se le acusó de “insubordinación”. En un acto de diplomacia vaticana y bajo el argumento de “humildad y obediencia”, ofreció una última rueda de prensa, renunció para evitar una ruptura pública de la Iglesia y huyó del país con rumbo a Roma y Polonia.
Monseñor al tomar el control de las cuentas bancarias y de los inmuebles mediante decretos unilaterales y presiones eclesiásticas, su administración no solo descabezó un proyecto educativo de excelencia, sino que exilió de México a su principal gestor, provocando un cisma y protestas de feligreses que llegaron a atrincherarse en los templos para defender a sus sacerdotes.
Pero el exobispo no se conformó con adueñarse de las escuelas de élite de Campeche. En julio de 2016, emitió un decreto letal: la expulsión definitiva de toda la orden Salvatoriana del estado. Con esto, la Diócesis les arrebató también la Parroquia de San José Obrero.
