CAMPECHE. En el municipio de Calkiní, Campeche, la transición entre dos administraciones municipales —la saliente de Juanita del Rosario Cortés Moo, emanada del PRI, y la entrante de Milton Ulises Millán Atoche, de Movimiento Ciudadano— dejó un saldo vergonzoso: Un presunto saqueo de las arcas públicas por más de cinco millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.
Así lo avala la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECam), órgano fiscalizador que, tras su revisión, cuantificó irregularidades por exactamente 5 millones 146 mil 769.44 pesos.
Esta cifra no es un error contable menor; representa recursos que debieron invertirse en el suministro de agua potable, atención a servicios públicos y bienestar de los calkinienses, pero que se perdieron en la nebulosa de la falta de comprobación y autorizaciones indebidas. El impacto directo recayó en la población más vulnerable, que sigue padeciendo carencias mientras los responsables continúan en funciones o en puestos clave.
El rubro más grave corresponde a un millón 908 mil 035.42 pesos por remuneraciones pagadas al personal sin la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). En lenguaje llano: Ni la exalcaldesa priista ni el actual edil emecista pudieron demostrar ante las autoridades que efectivamente se pagaron sueldos a trabajadores y prestadores de servicios.
Es una omisión que huele a simulación o, peor aún, a desvío encubierto. Pero las anomalías no se detienen ahí. Se detectaron pagos por 812 mil pesos para la elaboración de manuales y reglamentos, contratados sin la previa autorización del Síndico de Hacienda y sin justificación adecuada según el Órgano Interno de Control. Estos actos violan principios elementales de transparencia y control interno, y evidencian una práctica recurrente: gastar sin rendir cuentas.
Haciendo cuentas frías, el monto total equivale a un promedio de 14 mil 139.47 pesos sustraídos diariamente de las finanzas municipales. Esa cantidad triplica con creces el salario mínimo vigente en su momento, y cada peso desviado es un robo directo al derecho de los ciudadanos a servicios dignos.
No es la primera vez que estos personajes aparecen en el radar de la corrupción. Juanita Cortés Moo ha sido señalada en repetidas ocasiones por opacidad, ocultamiento de información y presuntos desvíos durante su gestión. Milton Millán Atoche, por su parte, ha sido criticado por negarse a transparentar contratos de obra pública y adquisiciones, una “maña” que, lamentablemente, se ha vuelto patrón en varios gobiernos de Movimiento Ciudadano en Campeche.
Lo más indignante es la impunidad reinante. Millán Atoche sigue al frente del Ayuntamiento de Calkiní, mientras Cortés Moo ocupa la dirección de la Financiera para el Bienestar en el estado, posición desde la cual podría seguir manejando recursos públicos.
Ambos operan sin consecuencias visibles, como si las auditorías fueran meros trámites y no instrumentos para castigar el mal manejo del erario.
CALKINÍ MERECE MÁS QUE ALTERNANCIA PARTIDISTA ENTRE SAQUEADORES.
La ASECam ha puesto los hechos sobre la mesa; ahora corresponde a las autoridades competentes —y a la sociedad— exigir cuentas claras, sanciones ejemplares y la devolución de lo robado. Mientras tanto, los calkinienses seguirán esperando que el agua llegue a sus hogares y que los servicios públicos dejen de ser un lujo. La impunidad no puede ser el legado de ningún gobierno.
