CAMPECHE.- “La corrupción es una problemática mundial que incide y afecta cuestiones políticas, económicas y sociales; por lo que su medición al resultar compleja nos obliga a atender este fenómeno de manera objetiva y responsable a través de acciones y programas medibles a corto, mediano y largo plazo para combatir este fenómeno y la impunidad, y así garantizar el desarrollo y la paz social”, señaló la titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo (SECONT) María Eugenia Enríquez Reyes, al asistir en representación de la Gobernadora Layda Sansores San Román a la Promoción de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, celebrada en la sala “María Lavalle Urbina” del Congreso del Estado en el marco del “Día Internacional Contra la Corrupción”, que se conmemora el 9 de diciembre.
Destacó que la Política Estatal Anticorrupción es el resultado de la suma de voluntades, acciones coordinadas e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de control interno, fiscalización y transparencia, que contribuye activamente a la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción, lo cual está alineado a los cuatro ejes y cuarenta prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, pero contextualizada a la situación particular de este fenómeno en el Estado.
“Desde la SECONT refrendo mi compromiso como un órgano de combate a la corrupción, de impulsar y ejecutar la Política Estatal Anticorrupción en el ámbito de mi competencia, contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho a fin de que la corrupción deje de ser tolerada y no tenga cabida en la sociedad campechana, tal y como lo ha instruido la gobernadora Layda Sansores San Román, que está preocupada por combatir este fenómeno“, concluyó.
Cabe señalar que la Política Estatal Anticorrupción está alineada en cuatro ejes específicos: “Combatir la corrupción e impunidad”; “Combatir la arbitrariedad y abuso de poder”; “Promover la mejora de la gestión pública”; e “Involucrar a la sociedad y al sector privado”, así como cuarenta prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, contextualizada a la situación que enfrenta nuestro Estado y que guiará los esfuerzos de las instituciones públicas y ciudadanas en materia de prevención, control y combate a los hechos de corrupción.
