CAMPECHE. – Lo descubierto hasta ahora en el gobierno que recién recibió Layda Sansores, supera con mucho a las expectativas de corrupción que se tenían.
La ‘fama pública’ del PRIGobierno y lo que ya dejaba traslucir lo que representaba la administración ‘en sociedad’ de los exgobernadores Alejandro Moreno Cardenas y Carlos Miguel Aysa, tiene estupefactos a los funcionarios entrantes que han recibido la instrucción clara y precisa de ‘indagar todo acto de presumible corrupción ’ y dar parte de inmediato a la Contraloría del Estado para el armado de carpetas en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Lo descubierto en la Secretaría de Seguridad Pública en donde están ‘desaparecidos’ mil policías, es solo ‘la punta del iceberg’.
El próximo ‘martes del jaguar’ (conferencia de prensa de la gobernadora de Campeche) se esperan otras sorprendentes revelaciones de corrupción. Un adelanto: Las obras públicas a las que se destinaron cuantiosos recursos del erario y no checan ni las cifras de facturas ni lo que se dejó como en bitácoras y libros.
EL ‘NOMINAZO’…
Por ahora -dice la Barra de Abogados- concentrémonos en lo ocurrido en la SSP ‘ que habría dejado con la boca abierta’ al mismísimo ‘Negro’ Durazo y quizás a Genaro García Luna, ‘pues vaya qué hay que tener mucha sangre fría e imaginación’ para hacer lo que hicieron Alito y Aysa para ‘chuparse’ literalmente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública durante 6 años a través de 1000 policías que hoy se sabe tienen nombre y apellido, pero no son ni han sido miembros de esa corporación.
A una semana de que asumió el nuevo gobierno y de inmediato tomará el mando de la policía, muchas cosas salieron a la luz.
Una, que alrededor de cien personas que cobran en la SSP estarían ‘comisionados’ en labores de seguridad de los exgobernadores ( Alito y Aysa ) sus familiares, amigos y aliados, pero otro tanto, digamos que cien más, son ayudantes, choferes, cocineros, jardineros, nanas y hasta médicos. Ninguno ha sido nunca policía, solo cobraban en esa dependencia. El resto, unos 800, son hombres y mujeres cuyos nombres y documentos oficiales fueron utilizados sin su consentimiento, ya que fueron engañados con el señuelo de ser incluidos en programas sociales que nunca les llegó.
Un primer sondeo de la Contraloría del estado para ‘localizar’ a los policías cuyos nombres aparecen en las nóminas de la policía en diferentes municipios, reveló que estos ‘ignoraban que eran policías’(…) Los abogados consultados
por CAMPECHE HOY señalan que la maquinación de este fraude tan escandaloso que por supuesto debe ser castigado con todo el peso de la ley.
