CAMPECHE. El Dirigente del PRI nacional Alejandro Moreno Cárdenas, se estaría “comiendo las uñas”, pues además de que el sobrino no levanta si no encuestas pagadas, el encarcelamiento de Jorge Luis Lavalle es una bomba de tiempo que muy pronto va a explotar, y cuya onda expansiva alcanzaría a por lo menos una decena de personajes involucrados en el caso Odebrecht, incluyendo al priísta.
Hay que recordar que en la época de “la negociación” de la Reforma Energética, Alejandro Moreno era el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por donde pasaba toda la “información” y presuntamente los favores para el Presidente.
Y la pregunta que todos se hacen es si Lavalle recibió los sobornos para el PAN ¿quien recibió los sobornos para el PRI?,¿sería Alito?, esto es lo que hoy investiga la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia
Financiera UIF) En este caso surge nuevamente la figura del criterio de oportunidad como alternativa para un molesto y decepcionado exsenador (Lavalle) que confió en sus asesores para armar una defensa que dejó mucho que desear.
El periodista Mario Maldonado en su colaboración publicado en un medio de circulación nacional, asegura que en este caso, la victoria legal de la Fiscalía General de la República estaba más que asegurada, pues, con consciencia de ello o no, Lavalle se presentó a las audiencias con un grupo de testigos y litigantes que terminaron validando los argumentos acusatorios, frente a un trabajo conjunto de los ministerios públicos, representantes de la UIF y del
Senado de la República, estos dos últimos considerados partes ofendidas.
De entrada, al campechano le asignaron un abogado defensor que tiene relación directa con el caso Odebrecht, en específico con la parte que habría entregado el dinero de los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. Se trata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A.
La UIF encontró movimientos finacnieros de Lavalle por 60 millones de pesos y fue acusado por lavado de dinero.
