NACIONAL. La Fiscalía General de la República manifestó este miércoles, ante un juez de control, su aceptación para alcanzar una salida anticipada dentro de la causa penal instruida contra Rosario Robles.
A través de Mónica Martell, agente del Ministerio Público, la dependencia federal dijo estar en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que se le sigue a la extitular de la Sedesol y Sedatu.
Robles Berlanga ha manifestado su disposición de colaborar con el Gobierno federal para aportar la información con que cuenta para revelar la trama que se siguió con la llamada Estafa Maestra, por lo que ya es cuestión de tiempo y negociación para que esta pretensión se concrete.
El abogado Mendieta expresó que se envío a la fiscalía una propuesta como parte de las negociaciones, pero hasta la fecha no ha habido respuesta oficial del Ministerio Público.
La defensa insistió la disposición de su defendida de alcanzar un acuerdo anticipado ya sea a través de un procedimiento abreviado o mediante un criterio de oportunidad, mismo que será formalizado hoy mediante un escrito que será enviado a la FGR.
En este sentido la agente del MP subrayó que por parte de la FGR no hay impedimento, y que se dará trámite una vez reciba el documento que ya prepara la defensa para que sea Rosario Robles quien encabece las negociaciones con la Fiscalía.
Finalmente, el juez pidió a las partes agotar la posibilidad de alcanzar acuerdos probatorios como parte del desahogo de la audiencia de etapa intermedia, antes del 26 de febrero, fecha en que tendrá verificativo la audiencia de etapa intermedia.
FGR VA POR EL DINERO
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Las universidades con esos montos fueron usadas como prestanombres y éstas eligieron cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
