CIUDAD DE MÉXICO.– En México, casi 71.7 millones de personas no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que representa el 57.3% del total de la población, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una quinta parte de las personas trabajadoras mexicanas labora bajo el esquema de subcontratación o tercerización.
Ante este panorama, el gobierno de la 4T envió una iniciativa para regular el outsourcing, la cual este miércoles fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho y se turnó a comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
Para su análisis fue enviado a las comisiones del senado encargadas en la materia.
REGULAR
La propuesta para regular el outsourcing tiene el objetivo de fortalecer el empleo, lo que se conseguirá con una política que elimina aquellas prácticas que dañan los derechos laborales de los trabajadores y disminuyen las obligaciones de los patrones.
