CAMPECHE, CAMP. En un estado donde la tranquilidad de las aulas se ha vuelto la principal preocupación de miles de padres de familia, el Congreso local ha puesto sobre la mesa una medida tan drástica como debatida. Este martes, la Comisión de Educación aprobó un dictamen que busca exhortar formalmente a las autoridades estatales a reactivar e implementar el programa preventivo “Operación Mochila” en todas las escuelas públicas y privadas de Campeche.
La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Delma del Carmen Rabelo (PRI), avanza con fuerza hacia el Pleno del Congreso. El objetivo central es instruir a la Secretaría de Educación (SEDUC) y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para coordinar estas revisiones en los accesos de los planteles, buscando frenar la entrada de objetos peligrosos o sustancias prohibidas que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil.
La propuesta no es menor y toca una fibra sensible para la sociedad campechana. Históricamente, este tipo de operativos ha caminado en la cuerda floja de la legalidad debido a las quejas por la presunta violación a la intimidad y a los derechos humanos de los menores.
Conscientes de este freno, los legisladores de la comisión enfatizaron que la reactivación del programa no será un cheque en blanco para el autoritarismo, el dictamen exige de forma estricta que la revisión de mochilas se ejecute bajo protocolos transparentes, priorizando el respeto absoluto a los derechos humanos y con la participación activa de los padres de familia, para evitar abusos o estigmatización de los alumnos.
En la misma sesión, y como contrapeso a las medidas de seguridad, el cuerpo legislativo —encabezado por el diputado Gaspar de Jesús Nah Miss (MORENA)— aprobó un segundo dictamen para actualizar la Ley de Educación del Estado.
Esta reforma complementaria busca obligar a las escuelas a modernizarse e incluir por ley herramientas de educación digital, accesibilidad e igualdad sustantiva.
Los promoventes (los diputados de MORENA Nah Miss, Omar Talango y José Antonio Jiménez) argumentan que blindar los derechos de la infancia en las aulas requiere tanto de entornos seguros por fuera, como de herramientas de vanguardia por dentro.
