CAMPECHE. La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, ha intensificado la supervisión de la obra pública en el municipio, derivando en una serie de clausuras que afectan directamente a los proyectos insignia del Gobierno Federal en la entidad. Bajo el argumento de falta de permisos municipales, licencias de construcción y el incumplimiento de la normativa de desarrollo urbano, el personal del Ayuntamiento ha procedido a colocar sellos de suspensión en diversos frentes de trabajo. Esta postura ha generado una parálisis temporal en infraestructuras clave, tensando la relación entre los distintos niveles de gobierno por el control territorial de las obras.
Uno de los puntos críticos de esta estrategia ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando las autoridades municipales detuvieron los trabajos del programa Viviendas para el Bienestar. Estas unidades habitacionales, destinadas a familias que no cuentan con una vivienda propia, fueron suspendidas tras detectarse que no contaban con la documentación técnica requerida para garantizar la seguridad estructural y el ordenamiento de la zona. La clausura impidió el avance de las cuadrillas de construcción, dejando en la incertidumbre la fecha de entrega para los beneficiarios del programa federal.
De igual manera, el proyecto del Tren Ligero de Campeche se vio afectado por el despliegue de inspectores municipales el 14 de junio de 2024. En esta fecha, el Ayuntamiento determinó la suspensión de labores en tramos urbanos de la ciudad, señalando que la obra carecía de la anuencia municipal necesaria para intervenir las vialidades públicas y los sistemas de drenaje locales. La alcaldía sostuvo que, aunque se trate de una obra de carácter federal, cualquier intervención dentro del tejido urbano debe sujetarse a los reglamentos de construcción locales para evitar afectaciones a la movilidad de los ciudadanos.
El sector turístico también sufrió el impacto de estas medidas cuando, el 18 de julio de 2024, se ejecutó la clausura del Hotel del Tren Maya en Edzná. El personal de Desarrollo Urbano municipal acudió al sitio para notificar la suspensión inmediata de las actividades, argumentando omisiones en el pago de derechos y la falta de estudios de impacto ambiental validados a nivel local. Al tratarse de una obra estratégica para la conectividad de la zona arqueológica, la acción fue percibida como un mensaje directo sobre la autonomía municipal frente a las grandes inversiones de la administración central.
Esta cadena de clausuras ha desatado un intenso debate jurídico y político sobre las facultades de los ayuntamientos para fiscalizar obras de jurisdicción federal. Mientras que el Gobierno del Estado y las dependencias federales señalan estas acciones como un intento de obstaculizar el desarrollo regional por motivos políticos, la administración de Rabelo de la Torre defiende el cumplimiento de la ley como una medida de protección para el patrimonio de los campechanos.
