CAMPECHE, CAM. Mientras las calles de la capital continúan sumidas en baches, apagones y deficiencias en la recolección de basura, el Cabildo del Municipio de Campeche sesionó en silencio para mover las fichas del dinero público. Bajo la conducción de la alcaldesa Biby Rabelo, los regidores aprobaron por unanimidad un paquete de reajustes financieros, tijeretazos presupuestales y el traspaso de locales en los principales mercados de la ciudad, todo sin detallar ante la ciudadanía qué áreas sufrirán recortes ni a quiénes beneficiarán las nuevas reglas administrativas.
Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, el cuerpo edilicio le dio luz verde al Informe Financiero y Contable correspondiente a junio de 2026. Sin embargo, detrás del trámite burocrático se esconden ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos y egresos que no fueron desglosadas a detalle durante la sesión. Para las familias campechanas, este movimiento financiero ocurre a ciegas, no se precisó si las reducciones afectarán directamente a los servicios públicos básicos ni hacia dónde se reasignará ese dinero.
Uno de los puntos más sensibles aprobados fue la autorización para el traspaso de varios locales comerciales en el histórico Mercado Pedro Sáinz de Baranda, así como en los zocos de San Román y Samulá. La medida genera incertidumbre entre las familias de locatarios tradicionales, ante la falta de claridad sobre las condiciones de estos traspasos y el riesgo de que el proceso favorezca el monopolio de espacios o incremente los costos operativos de quienes venden la canasta básica.
A la par de los ajustes económicos, se autorizó la emisión de nuevos manuales de organización para el Órgano Interno de Control, la Dirección de Mercados y Rastro, Deportes y Servicios Públicos. Lejos de traducirse en una atención más rápida, estas reestructuraciones suelen representar un incremento en la tramitología y nuevas restricciones administrativas para comerciantes, deportistas locales y vecinos que buscan gestionar apoyos comunitarios.
Por último, la alcaldesa recibió facultades para firmar la donación de un terreno ubicado en la comunidad rural de Quetzal Edzná. Aunque se presenta como una incorporación patrimonial “gratuita” para el municipio, la falta de un proyecto de inversión o infraestructura definido para el área implica que la administración deberá destinar recursos de
