CAMPECHE.- La fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche, Aremi Gasca, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres junto a su asesor jurídico para dar seguimiento a la carpeta de investigación derivada de su detención ocurrida el pasado 28 de septiembre, cuando participaba en una manifestación a las afueras del Palacio Legislativo.
Gasca recordó que su protesta estaba dirigida en contra del nombramiento de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado presidente del Poder Judicial, al considerar que contravenía los lineamientos de la denominada “3 de 3”, que impide a personas con antecedentes de violencia de género ocupar cargos públicos.
De acuerdo con su testimonio, como respuesta a la manifestación, autoridades desplegaron a más de 30 elementos policíacos que procedieron a detenerla y trasladarla a la Fiscalía del Estado, pese a que aseguró no existía una orden formal ni estaban a disposición de dicha instancia.
Por su parte, el abogado Miguel Carrillo informó que acudieron a revisar el estado de la carpeta de investigación y a verificar la admisión de diversos actos de investigación promovidos desde el pasado 5 de febrero, los cuales, señaló, fueron aceptados en su mayoría hasta el 14 de abril.
El litigante subrayó que los avances en el caso han dependido prácticamente de las solicitudes realizadas por la propia víctima, ya que, afirmó, el Ministerio Público ha llevado a cabo diligencias mínimas, lo que ha limitado el desarrollo de la investigación.
Entre los actos admitidos destacan solicitudes de información dirigidas a autoridades de seguridad y del Congreso del Estado, con el objetivo de identificar a los elementos policiacos que participaron en el operativo, así como esclarecer quién ordenó su ejecución y recabar material videográfico de los hechos.
Sin embargo, la defensa legal denunció que uno de los puntos más relevantes fue rechazado: la comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, a quien consideran testigo clave por su intervención durante la detención.
Carrillo argumentó que dicha negativa carece de sustento legal, ya que no existe ninguna queja formal que obligue a guardar secrecía, por lo que anunció que interpondrán un recurso de impugnación con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que un juez ordene su comparecencia.
