CAMPECHE.- La madre de familia Alondra Castillo Tamayo denunció públicamente un presunto desfalco por 76 mil 500 pesos en la Escuela Secundaria General Número 7, recursos que corresponden a las cuotas aportadas por padres de familia al inicio del ciclo escolar y que, aseguró, fueron transferidos irregularmente a un supuesto proveedor.
Castillo Tamayo explicó que decidió dar la cara luego de que comenzara a circular información en redes sociales donde se le involucra en el caso, señalando que hasta el momento ninguna autoridad del plantel ha confirmado ni desmentido oficialmente lo ocurrido, situación que ha generado incertidumbre entre la comunidad escolar.
Aseguró que desde el inicio del conflicto ha intentado informar a los padres de familia sobre lo sucedido; sin embargo, afirmó que directivos escolares han buscado silenciarla e impedir que exponga la situación durante reuniones y convocatorias realizadas dentro del plantel.
Relató que en varias ocasiones, cuando ha intentado intervenir ante otros tutores para explicar el caso, le han retirado o apagado el micrófono, limitando su derecho de réplica y evitando que la información llegue de manera clara al resto de los padres.
La denunciante sostuvo que esta situación no solo representa una afectación económica para las familias que aportaron las cuotas, sino también un agravio a los derechos de los estudiantes, quienes dependen de esos recursos para mejoras y mantenimiento de las instalaciones escolares.
Recordó que anteriormente encabezó un movimiento para exigir atención a las malas condiciones del edificio escolar, debido al riesgo estructural que presentaba, una causa que llevó incluso hasta instancias de la Secretaría de Educación y el Congreso del Estado, donde aseguró que la voz de los padres fue escuchada.
En ese sentido, señaló que ahora siente la misma responsabilidad moral de informar sobre la desaparición del dinero y reiteró que no se trata de rumores ni especulaciones, sino de un hecho real que involucra una transferencia por 76 mil 500 pesos realizada presuntamente a un supuesto soldador.
Según detalló, la operación fue presentada por autoridades escolares como un error o un engaño hacia integrantes de la mesa directiva, particularmente hacia la tesorera y la contralora, aunque subrayó que hasta ahora no existe una explicación convincente sobre el destino final del recurso.
Explicó que el problema comenzó el pasado 14 de octubre del 2025, cuando mediante mensajes de WhatsApp la tesorera informó que un familiar del Dirigente Estatal del PRI, Medina Farfán ofrecería apoyo para realizar reparaciones al plantel, incluyendo arreglo de sillas, pintura y rehabilitación de salones afectados.
Castillo Tamayo afirmó que tanto el director como el subdirector, integrantes de la mesa directiva y el supervisor de zona tienen conocimiento pleno del caso, por lo que exigió transparencia y una investigación a fondo para esclarecer qué ocurrió con el dinero aportado por padres que, dijo, con esfuerzo reúnen cada peso para garantizar mejores condiciones educativas a sus hijos.
