CDMX. El sol quema fuerte sobre Seybaplaya cuando la patrulla interceptora de la Armada de México corta el agua como un cuchillo. A bordo van marinos con chalecos antibalas y el Inspector Federal de Pesca de Conapesca, ojos atentos al horizonte. No buscan narcos ni migrantes esta vez; buscan algo más silencioso pero igual de destructivo: la pesca ilegal que devora el Golfo día tras día.
El objetivo aparece a media mañana: una embarcación menor, de esas que parecen inofensivas, con tres tripulantes que intentan pasar desapercibidos entre las olas. La patrulla se acerca sin prisa, pero con firmeza. “Buen día, documentos por favor”, dice el oficial naval.
Los pescadores entregan papeles que no sirven de mucho: no hay permiso vigente. El inspector revisa la hielera: langostas, pargos, especies que en esta temporada deberían estar protegidas o con cuota estricta. Nada coincide con la ley.
La retención precautoria es inmediata y sin violencia. La embarcación es remolcada al Muelle API de Lerma, donde ya esperan funcionarios de Conapesca para levantar las actas administrativas. Los tres tripulantes bajan con la mirada baja; saben que el barco podría quedar inmovilizado semanas o meses, y que las multas llegarán como un golpe seco.
