CAMPECHE.- La administración municipal encabezada por Biby Rabelo se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a la implementación de una política recaudatoria que los sectores productivos califican de “voraz”. Según representantes del sector comercial, el Ayuntamiento ha comenzado a exigir pagos por conceptos que consideran absurdos y desproporcionados, con requerimientos que en algunos casos alcanzan cifras millonarias. Esta situación ha tensado al máximo la relación entre el gobierno local y los empresarios, quienes argumentan que la carga fiscal es insostenible.
Como medida de presión inmediata y en un hecho sin precedentes para la ciudad, las principales cadenas de conveniencia y servicios han decidido reducir drásticamente sus horarios de atención. Empresas de la relevancia de OXXO, Farmacias Guadalajara y Farmacias YZA, junto con un importante bloque de comercios locales, han anunciado que cerrarán sus puertas a partir de las 9:00 PM. Esta acción colectiva busca visibilizar el rechazo a lo que consideran una persecución financiera que pone en riesgo la operatividad de negocios que son fundamentales para la vida cotidiana de los campechanos.
Las consecuencias de este cese de actividades nocturnas trascienden lo económico y golpean directamente el bienestar de la ciudadanía. El cierre prematuro de farmacias y tiendas de autoservicio deja a la población vulnerable ante emergencias médicas o necesidades básicas durante la madrugada, limitando el acceso a medicamentos y suministros esenciales. Los críticos de la gestión municipal señalan la ironía de exigir cuotas extraordinarias mientras la infraestructura urbana y los servicios públicos de la ciudad muestran un deterioro evidente, lo que agrava la indignación entre los usuarios y empleados afectados.
El panorama a mediano plazo resulta alarmante para los especialistas en economía local, quienes advierten que estas políticas podrían desencadenar una ola de desempleo y el retiro de inversiones. Al imponer gravámenes que comprometen la rentabilidad de los negocios, se fuerza a los propietarios a reducir sus plantillas laborales o, en el peor de los casos, a cerrar definitivamente sus sucursales. La exigencia de “cuotas millonarias” en un contexto de servicios públicos deficientes no solo frena el crecimiento comercial, sino que proyecta una imagen de inestabilidad que podría alejar futuros proyectos de desarrollo para Campeche.
