CAMPECHE.- En una resolución que sacude el panorama político local, la jueza segundo de Distrito en Campeche, Roxana Hernández López, ordenó formalmente al Congreso del Estado iniciar el proceso de separación del cargo de la alcaldesa de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza. El dictamen, emitido este 10 de febrero de 2026, deriva del incumplimiento de una sentencia de amparo vinculada a un juicio laboral (expediente 72/2012). La autoridad judicial exige pruebas fehacientes de que el Legislativo está tomando las medidas necesarias para remover a la funcionaria ante el desacato de pagos ordenados hace más de una década.
La jueza ha otorgado un plazo perentorio de tres días hábiles para que tanto el Tribunal Burocrático como el Congreso del Estado presenten constancias certificadas de sus acciones. Al Tribunal se le demanda acreditar las gestiones para liquidar el adeudo laboral, mientras que al Congreso se le exige demostrar el inicio formal del procedimiento de destitución. De incumplir con este requerimiento, las autoridades enfrentarán multas de 230 UMA’s y el caso podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implicaría posibles responsabilidades penales por desacato.
Este fallo sitúa al Congreso de Campeche en una posición crítica, recuperando la facultad de sancionar a la munícipe tras un intento previo en el que los legisladores, en sesión reservada, evitaron proceder en su contra. La presión de la justicia federal busca romper la inacción institucional en un proceso que no solo amenaza la permanencia de Sánchez Espinoza en el poder, sino que también mantiene en pausa la resolución sobre el embargo de cuentas bancarias relacionadas con otros juicios laborales pendientes desde 2011.
Un factor determinante en este escenario es la inexistencia del fuero constitucional en el estado de Campeche, eliminado desde 2016. Al no gozar de inmunidad procesal, la alcaldesa está sujeta a las mismas responsabilidades administrativas y penales que cualquier ciudadano. Cabe destacar que cualquier intento por restituir esta figura jurídica requeriría una reforma constitucional de alta complejidad, necesitando el aval de las dos terceras partes del Legislativo y la mayoría de los cabildos de la entidad.
Paradójicamente, la propia Mariela Sánchez Espinoza se encuentra entre los alcaldes de Morena que se han manifestado públicamente en contra del regreso del fuero, argumentando que su reinstalación fomenta la impunidad y debilita la igualdad ante la ley. Bajo esta premisa de transparencia, la alcaldesa deberá enfrentar ahora el mandato judicial sin escudos legales, en un proceso que marca un precedente sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los laudos laborales heredados y la autoridad de los tribunales federales.
