CDMX – En un proceso electoral inédito para elegir a jueces y magistrados en México, una sombra inquietante se cierne sobre las boletas del próximo 1 de junio. Dieciocho candidatos y candidatas a cargos judiciales, seleccionados para impartir justicia en el país, enfrentan graves señalamientos que van desde abuso sexual, peculado, amenazas y lesiones hasta vínculos con la delincuencia organizada.
A pesar de las pruebas presentadas por el Congreso, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han decidido no revisar su idoneidad antes de la votación, dejando en manos de la ciudadanía la elección de quienes podrían ocupar puestos clave en el sistema judicial. ¿Es esta la justicia que México merece?
LISTA MANCHADA POR LA SOSPECHA
La impugnación presentada por Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectively, puso el reflector sobre 18 aspirantes que, según el Congreso, no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación” establecido en los artículos 95 y 97 de la Carta Magna.
El informe entregado al INE detalla carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y antecedentes como defensores de figuras vinculadas al crimen organizado, lo que pone en entredicho su capacidad para impartir justicia con imparcialidad.
De los 18 señalados, seis enfrentan investigaciones formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Entre ellos destaca Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado en la Ciudad de México, con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada desde 2007.
Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, aspirante a magistrado en Puebla, está imputado por abuso sexual, mientras que Ángel Antonio Villegas Cortés, candidato a juez en Veracruz, enfrenta cargos por amenazas y lesiones.
Noel Castro Melgar, postulado para juez en la Ciudad de México, está señalado por peculado y abuso sexual. Las candidatas Jesús Karina Almada Rábago y María de Jesús López Guzmán, propuestas para juezas en Sonora y Chiapas, respectivamente, fungieron como abogadas de procesados por delincuencia organizada ligados al Cártel de Sinaloa y secuestro.
Los otros 12 candidatos, aunque sin carpetas de investigación, no escapan de la controversia. El Congreso presentó notas periodísticas que, según los legisladores, evidencian su falta de idoneidad.
