CAMPECHE, CAMP.- La administración de Karla del Rosario Uc Tuz ahora exalcaldesa de Tenabo, ha quedado marcada por irregularidades financieras y una alarmante falta de transparencia, todo ello con información avalada por entes autónomos quienes evaluaron el cierre del desempeño de la entonces edil emanada del Partido Acción Nacional (PAN).
Según la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), la revisión de la Cuenta Pública 2023 evidenció un daño al erario municipal de 6 millones 240 mil 891.15 pesos, recursos que debieron haberse destinado al beneficio de los ciudadanos.
El informe, publicado el pasado 30 de octubre, detalla irregularidades tanto en los ingresos municipales como en las participaciones federales, el Ayuntamiento de Tenabo encabeza la lista de observaciones con un daño comprobado de 6 millones 191 mil 864.44 pesos, atribuido a la falta de justificación en al menos 12 pliegos de observaciones.
Destaca un pago irregular de 5 millones 222 mil 746.42 pesos procedente de ingresos excedentes sin documentación adecuada, además de omisiones como la falta de retención del Impuesto Sobre la Renta y la ausencia de firmas en órdenes de pago clave.
La corrupción no se detuvo ahí. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, se detectaron irregularidades por 49 mil 26.71 pesos, incluyendo pagos que excedían los montos autorizados en el Tabulador de Sueldos Mensual del ejercicio fiscal 2023.
Estas erogaciones indebidas afectaron tanto sueldos como primas vacacionales del personal, dejando al descubierto un patrón de desvío de recursos en la gestión de Uc Tuz.
*Opacidad institucional y violación a la transparencia* La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) confirmó que Uc Tuz cerró su mandato sin cumplir con las obligaciones de transparencia correspondientes al tercer trimestre de 2023.
Información crucial sobre presupuesto, distribución de recursos y programas de apoyo quedó en el aire, dificultando la rendición de cuentas y limitando el acceso de la población a servicios esenciales.
