CD. DEL CARMEN. Con un contrato de 50 millones de dólares para la construcción de gasoducto Ramal-Tula, la empresa ATCO no avanza y está apuntó de truncar este proyecto por la negativa de pagarle a los ejidatarios que tienen parada la obra con 4 amparos federales.
ATCO, con actitud alevosa no esta pagando la cantidad “justa” a los ejidatrarios por el derecho de vía, fuentes aseguran que solamente paga 10 metros por este derecho cuando en realiadad la afectación es de 180 metros.
El asunto le ha salido caro a ATCO quien desde su contratación poco ha avanzado, le fueron suspendidos los trabajos desde 2015 y hasta la fecha aún no hay arreglos las autoridades federales ya piensan en suspender esos contratos que ya le han costado a los mexicanos más de 100 millones de pesos y no hay resultados.
EL CONFLICTO
El conflicto comenzó porque los procedimientos de los derechos de vía con la empresa no se dieron de manera correcta y no se acordó un pago justo, no se les tomó en cuentan a los ejidatarios, según informó un medio local, porque “Nunca acordaron ninguna cantidad”.
El problema fue que en todo el tramo que tiene el gasoducto empezaron a contratar a ejidatarios aunque ellos ya habían recibido el pago acordado, dijo una fuente.
Hidalgo se ha convertido en una “tierra caliente” y de difícil negociación para las empresas constructoras de gasoductos, ya que no han querido pagar los derechos de vías que exigen los ejidatarios.
DATOS CERRADO EN TRANSPARENCIA
Por si la situación no fuera difícil, hay varias situaciones que hacen más oscura este contrato, pues desde su misma licitación se clasificó como “confidencial” la oferta económica de ATCO para gasoducto Ramal-Tula. Lo extraño es que primero se notificó al solicitante que era información confidencial y luego el comité de información de ese órgano la clasificó con esa categoría.
ASÍ SE DIO A CONOCER LA SITUACIÓN:
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se negó a revelar el contenido de la oferta económica de Atco Gas and Pipelines Ltd y Atco Servicios y Energía, empresas canadienses que ganaron la licitación para construir el gasoducto Ramal Hidalgo. Este contrato fue de las primeros que se otorgaron una vez promulgada la reforma energética que abrió el petróleo y el gas mexicanos a las empresas del mundo. Aunque con un capítulo específico en la Ley General de Transparencia, se trata de una reforma que dejó amplios márgenes legales para que los órganos reguladores clasifiquen información. En el caso de Atco, la CFE se apegó al secreto industrial y le puso a la propuesta económica la categoría de “confidencial” porque darla a conocer “generaría competencia desleal”.
AMPARO TRAS AMPARO Y NO AVANZA
Debido a que los núcleos agrarios de los ejidos La Cañada, Ocampo y Progreso, del municipio de Atotonilco de Tula en ningún momento autorizaron a la empresa Atco Pipe Lines SA de CV hacer el trazo de la obra en sus terrenos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó tres amparos mediante los cuales se ordenó la suspensión definitiva de la construcción de un tramo del gasoducto Ramal Tula para abastecer combustible a la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al parecer, según versiones publicadas en diarios del estado de Hidalgo, los representantes de ATCO sólo hablaron con los representantes del primer ejido, pero no con los demás. La única alternativa que tienen los constructores es buscar acuerdos con los campesinos para que den su autorización pues, insistió, los amparos son de carácter definitivo y las obras están suspendidas.
