CAMPECHE.- Más de dos meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparara por unanimidad a las comunidades mayas de Hopelchén, el agua de la región de los Chenes sigue bajo sospecha y la presión por el cumplimiento del fallo no cede.
Como se recordará, el 26 de agosto de 2026, el Pleno del máximo tribunal determinó que autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas ante indicios de glifosato y otros plaguicidas en los acuíferos, y ordenó medidas urgentes de estudio, monitoreo permanente y control.
El proyecto de la ministra María Estela Ríos González, aprobado por todos los ministros presentes, reconoció que, bajo una perspectiva intercultural, el agua está ligada a la cosmología, la vida y la continuidad de los pueblos mayas.
La Corte revocó la sentencia de junio de 2024 del Juzgado Primero de Distrito de Campeche, que había negado el amparo al considerar insuficientes las pruebas. En cambio, el alto tribunal valoró como indiciarias y suficientes las evidencias de presencia de glifosato en pozos de Ich-Ek, Bolonchén, Pakchén, San Juan Bautista Sacabchén, Suc Tuc, Cancabchén y Xmabén, así como en agua purificada de dispensadores locales y en muestras de orina de habitantes.
El litigio, iniciado el 22 de diciembre de 2020, obliga ahora a Semarnat, Conagua, Cofepris, la Secretaría de Medio Ambiente de Campeche y el Ayuntamiento de Hopelchén a realizar estudios, mantener monitoreo permanente de la calidad del agua y adoptar medidas de control sobre el uso de plaguicidas, con resultados públicos. La protección no se limita al glifosato: abarca también otras 54 sustancias consideradas plaguicidas altamente peligrosos documentadas en la zona.
COMUNIDADES EXIGEN RESULTADOS
En las semanas siguientes al fallo, el gobierno de Campeche anunció la creación de un comité técnico para dar seguimiento al amparo y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) confirmó que vigilará el cumplimiento.
Sin embargo, a inicios de septiembre las propias comunidades mayas salieron a exigir que la sentencia no se quede en el papel y que las autoridades avancen en plazos razonables.
Hasta ahora no se han difundido de manera masiva los primeros resultados de los monitoreos ordenados. La Corte fue clara: el Estado no puede trasladar a las comunidades la carga de probar la contaminación y la falta de certeza científica absoluta no justifica retrasar las medidas de protección.
RIESGO QUE VIAJA POR TODO EL ACUÍFERO
El problema no se queda en Hopelchén. El suelo kárstico de la Península de Yucatán permite que los contaminantes se filtren y se desplacen. “Todos los venenos y químicos que se están vertiendo en Hopelchén… al final están perdidos en toda la península”, ha advertido Oziel Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando se otorgó el permiso para la siembra de soya transgénica. La expansión de la agricultura industrial —principalmente por grupos menonitas— trajo deforestación y el uso intensivo de agrotóxicos. Aunque en 2015 la propia SCJN prohibió esa soya, la práctica continuó y afectó también la producción de miel de meliponas.
