CAMPECHE, CAMP. Ante el anuncio del Órgano de Administración Judicial sobre la aplicación obligatoria de exámenes de evaluación laboral para condicionar su permanencia, el personal del Poder Judicial se declaró en manifestación de brazos caídos. La alarma entre los empleados se encendió debido al diseño del nuevo esquema, aunque un 60% evalúa conocimientos jurídicos y desempeño, el 30% restante depende de la calificación directa de sus titulares y compañeros.
Un puntaje desfavorable sin solicitud de examen extraordinario remitirá el caso al Tribunal de Disciplina para el cese de plazas de base, vulnerando el décimo transitorio de la reforma judicial de septiembre de 2024 que garantizaba sus derechos adquiridos. “Evaluaciones sí, capacitación sí, pero sanciones no”, enfatizó el secretario de juzgado Ricardo Fragoso Becerra, quien aclaró que el gremio está a favor de la preparación profesional, pero rechaza un sistema punitivo que somete la estabilidad del empleo a criterios subjetivos o a renovaciones temporales de solo uno o dos años.
