CAMPECHE, CAMP. Un giro radical en el Código Penal de Campeche busca duplicar las penas de prisión por el delito de despojo, pasando de un tope actual de cuatro años a un castigo severo de cuatro a ocho años de cárcel, además de mayores multas económicas. La iniciativa de ley, ingresada al Congreso del Estado por diputados de Morena, PT y PVEM, responde directamente a las alarmas encendidas por el avance de mafias inmobiliarias en la entidad y pretende blindar de inmediato el patrimonio de las familias campechanas.
El diputado Andrés Fernández del Valle, señaló que con este incremento en las condenas se busca cerrar definitivamente la “puerta giratoria” del sistema penal procesal. Al elevar la punibilidad y tipificar el despojo como un delito de alto impacto, la ley impedirá que los invasores y despojadores lleven su proceso en libertad, eliminando el vacío legal con el que solían eludir la prisión preventiva mientras las víctimas perdían el acceso a sus bienes.
La urgencia de la medida cobra sentido ante los casos donde el trabajo de toda una vida se esfuma en horas: personas que al regresar a su vivienda descubren que la chapa fue cambiada, que un desconocido habita su sala y que sus escrituras terminaron invalidadas por maniobras fraudulentas. La reforma contempla un blindaje prioritario para los sectores más vulnerables, imponiendo penas aún más altas cuando las víctimas sean adultas mayores, personas con discapacidad, menores o integrantes de comunidades indígenas.
ALISTAN CASTIGOS MÁS DUROS
En el texto normativo se tipifican expresamente conductas que antes quedaban en zonas de impunidad, tales como el cambio no autorizado de cerraduras para bloquear el acceso, la falsificación de documentos, la suplantación de identidad y la simulación de litigios legales para apoderarse de predios ajenos.
Durante la fundamentación del proyecto, el diputado Andrés Fernández del Valle enfatizó que el Estado no puede actuar con apatía ni esperar a que el fraude inmobiliario detone una crisis social violenta como las que operan en otras regiones del país. Explicó que la propuesta toma como referente el modelo punitivo de la Ciudad de México para modernizar una legislación local que hoy resulta añeja y permisiva frente al crimen organizado.
