CDMX. En el corazón administrativo de Petróleos Mexicanos, en la avenida Marina Nacional 329 de la Ciudad de México, un sector que durante años ha sostenido en silencio la operación de la empresa levantó la voz con claridad: basta de exclusión. El personal de confianza activo y jubilado se movilizó para exigir el ajuste inflacionario a salarios y pensiones que, pese a existir presupuesto autorizado, les ha sido sistemáticamente negado. La consigna es contundente: mantener la lucha continua y rechazar la exclusión laboral.
Reclaman la aplicación de los incrementos y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026, así como recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que garanticen los aumentos pendientes, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año. No piden privilegios; piden lo que ya está presupuestado y que, sin embargo, se les niega.
El agravio es reciente y flagrante. El 4 de septiembre se anunció un ajuste remunerativo presentado como “histórico” después de veinte años de rezago. Pero ese anuncio quedó reducido a un privilegio: se aplicó exclusivamente al personal sindicalizado y a sus pensionados. El personal de confianza, una vez más, quedó al margen.
El mensaje institucional es transparente y doloroso: hay trabajadores de primera y de segunda. No es un conflicto nuevo. Durante 90 días de resistencia, los afectados lograron corregir el límite de percepciones para jubilados, elevándolo de 67 mil 200 a 134 mil 200 pesos. Ese triunfo parcial demuestra que la presión funciona.
Pero el deterioro del poder adquisitivo ya alcanza cerca del 10 por ciento. Si la negativa a los ajustes inflacionarios se mantiene, las estimaciones de los propios trabajadores proyectan un menoscabo acumulado del 40 por ciento para 2030. En otras palabras: se les está condenando a un empobrecimiento programado.
La controversia traspasó las puertas de Pemex y llegó al Congreso. El 12 de febrero de 2026, la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) envió un oficio al director general Víctor Rodríguez Padilla, recibido al día siguiente, solicitando información precisa: estado de las revisiones del incremento 2025, calendario de retroactividad, mecanismos de trazabilidad de quejas y desglose del Capítulo 1000 de Servicios Personales.
Cabe destacar que, la solicitud, fundamentada en el artículo 8 constitucional, también fue turnada a la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva. La transparencia que pide la legisladora es exactamente la que la empresa ha negado a sus trabajadores de confianza.
