CAMPECHE, CAMP. Tras meses de despidos arbitrarios y una política de “puerta cerrada” contra la organización sindical, administraciones municipales de extracción mocista enfrentan un inminente revés legal y financiero. En conjunto, los ayuntamientos acumulan una cartera superior a los 300 expedientes laborales activos por ceses injustificados y retención de prestaciones, una bola de nieve presupuestal que amenaza con congelar cuentas públicas y dejar sin fondos las obras de alumbrado, pavimentación y agua potable.
Sólo en Hopelchén, la resistencia de los trabajadores rindió frutos, la justicia dobló las manos de la autoridad municipal, obligándola legalmente a reinstalar a los empleados cesados y a reconocer formalmente sus derechos laborales en cerca de 60 casos desahogados.
Sin embargo, el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José Urueta Moha, señaló que el frente jurídico sigue abierto y en punto crítico. En los demás municipios con administraciones de Movimiento Ciudadano, las autoridades insisten en mantener despidos al margen de la ley y en ignorar las representaciones de los trabajadores, una estrategia que solo acumula pasivos millonarios que terminarán pagando los contribuyentes con el erario público.
Calkiní concentra cerca de 60 expedientes pendientes, donde trabajadores de la base operativa —entre barrenderos, personal de alumbrado, administradores de camposantos y operarios de agua potable— enfrentan esta embestida institucional. En este ayuntamiento aplican una política de “borrón y cuenta nueva”: desconocen contratos colectivos, recortan salarios y ejecutan despidos bajo la consigna no escrita de desocupar plazas sindicalizadas para entregarlas a aliados políticos locales.
La retención de pagos y la resistencia a reconocer acuerdos han marcado la pauta en 2026. La relación entre el sindicato encabezado por Urueta Moha y la alcaldía de Calkiní ha estado al borde de paros operativos en juntas municipales estratégicas como Bécal, debido al retraso en pagos de prestaciones contractuales y al intento de liquidar o desconocer plazas sindicales activas.
Por su parte, Hecelchakán encabeza la lista con la mayor carga financiera al sumar alrededor de 100 casos laborales pendientes. El origen del conflicto se remonta al despido masivo de trabajadores bajo el argumento de que sus contratos y plazas carecían de validez legal por falta de actas de cabildo, medida que el Sindicato de los Tres Poderes catalogó como un desconocimiento arbitrario de los derechos y la antigüedad acumulada.
