Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas tiene una especialidad: Hacerse la víctima cuando la justicia se acerca a su círculo. Tras la detención en la Ciudad de México de Luis Antonio Espinosa Campos —contador y representante legal de empresas de su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas—, el dirigente nacional del PRI salió a gritar “persecución”, “calumnias” e “inventos”.
“Ya lo tuvieron, ya lo llevaron… es obviamente inventos, persecución, calumnias”, repitió una y otra vez. Y amenazó: “vamos a denunciar a los familiares cercanos de todos ellos”.
Cabe recordar que, “Alito” no es un perseguido político. Es el exgobernador de Campeche (2015-2019) que enfrenta una batería de acusaciones documentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esa entidad:
– Solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados por peculado y uso indebido de atribuciones por el presunto desvío de más de 83.5 millones de pesos.
– Investigaciones por enriquecimiento ilícito y la posesión de decenas de propiedades, incluida una mansión valuada en más de 100 millones.
– Señalamientos de triangulación de recursos a través de empresas vinculadas a su hermano Emigdio, con transferencias millonarias detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR.
– Pagos irregulares desde el gobierno estatal a empresas y medios, entre ellos los casi 97 millones de pesos entregados a Mayavisión —televisora fundada por el contador ahora detenido— sin suficiente respaldo de servicios prestados.
– El propio Espinosa Campos está acusado de participar en un esquema de desvío de al menos 36 millones de pesos durante la administración de Moreno Cárdenas.
Cinco años de carpetas de investigación, cateos, reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y solicitudes de desafuero no son “locura” ni “inventos”. Son el rastro de una gestión marcada por la sospecha de saqueo.
