CDMX.- Con un decreto firmado, la presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a uno de los escudos más utilizados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para negar información al público: el carácter de “filiales” de derecho privado de muchas de sus empresas.
El ordenamiento, anunciado en la conferencia matutina y presentado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, obliga a transparentar contratos, estados financieros, informes, reglas de operación y gobierno corporativo de todas las filiales de ambas empresas productivas del Estado.
“Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un Secretario… de un director de Pemex o de cualquier Se cretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente”, afirmó la mandataria.
Buenrostro detalló el alcance: “Se van a agregar a la información que se publica de Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos”.
La información deberá incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse actualizada. Además, las contrataciones públicas se publicarán mensualmente (antes era trimestral) y se difundirán el programa anual de fiscalización, las auditorías y el padrón de auditores externos.
Las reservas de información quedarán limitadas estrictamente a causas de interés público y seguridad nacional, privilegiando siempre la publicación de versiones públicas.
En varios de esos expedientes, el extinto Instituto Nacional de Transparencia había ordenado a Pemex realizar búsquedas amplias en las áreas que coordinan y supervisan a sus filiales.
