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3 julio, 2026

Víctor Rodríguez

nacional

EXDIRECTOR DE PEMEX, EN LA MIRA DE FISCALÍAS

Violencia intrafamiliar, lesiones, entre otros delitos a los que tendrá que afrontar el exdirector de Pemex.

CDMX.- Las Fiscalías de la Ciudad de México y Morelos tienen en la mira al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, señalado por su esposa María Felicia Jiménez Lavie como presunto autor de un patrón sistemático de violencia familiar que incluye agresiones físicas, insultos, empujones y hasta una herida provocada con un bolígrafo.

Desde 2022 habría sufrido violencia física, psicológica y económica que fue escalando con el paso del tiempo, incluyendo presunta incomunicación. La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México, tomó fuerza tras la difusión de videos donde supuestamente se observa al exdirector agrediendo físicamente a su pareja.

Según la víctima, los hechos no fueron aislados: desde 2022 la violencia física, psicológica y económica fue en aumento, con presunta incomunicación y control total sobre ella.

PODEROSO CAÍDO EN DESGRACIA

Autoridades de Morelos no se quedaron atrás. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación y, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, activó de inmediato medidas de protección para María Felicia Jiménez Lavie. Coordinación institucional, seguridad, atención jurídica y acompañamiento psicológico ya están en marcha.

Expertos en Derecho Penal consultados avizoran un castigo de alrededor de 20 años de prisión, considerando la gravedad de las conductas, la calidad del agresor y la existencia de material audiovisual.

Mientras tanto, Rodríguez Padilla permanece bajo estricta vigilancia las 24 horas del día, tanto para impedir una posible fuga como para evitar un eventual suicidio, ante la magnitud del escándalo que lo tiene como protagonista.

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La Presidenta de la República fue clara: apoyo total a la víctima y todo el peso de la ley contra el agresor. No habrá tibiezas ni protección para exfuncionarios. Las fiscalías deben integrar las pruebas, peritajes médicos, testimonios y videos para determinar el ejercicio de la acción penal.

Aunque opera la presunción de inocencia, la sociedad exige que esta no se convierta en escudo de la impunidad.

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