CAMPECHE, CAMP. Luego de que la gobernadora Layda Sansores alzara la voz por los campechanos durante el “Martes del Jaguar” para exigir públicamente a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas la devolución de los recursos presuntamente desviados durante su gestión, la reacción de los ciudadanos no se hizo esperar. La opinión pública se debate entre la restitución de los bienes o el castigo penal; sin embargo, la balanza de la exigencia social se inclina con contundencia hacia una sola demanda: prisión sin concesiones para el exmandatario.
El sentir generalizado entre la población campechana es de un profundo escepticismo respecto a la recuperación del patrimonio público. Los ciudadanos argumentan que el actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene intenciones de regresar lo sustraído, pues afirman que esosrecursos ya han sido ocultados o dispersados.
“Un ratero jamás entregaría el dinero, es tiempo que pase unas buenas vacaciones tras las rejas”, sentencian algunos campechanos, reflejando la desconfianza generalizada de una sociedad que ve la devolución económica como una quimera y prefiere priorizar la aplicación estricta de la ley.
Para la mayoría de los habitantes de la entidad, los lujos y las propiedades que ostenta el político priista son una ofensa directa al esfuerzo diario de la comunidad, por lo que demandan que el castigo sea ejemplar y proporcional al daño causado. Todos están de acuerdo que lo que merece el exgobernador es “cárcel”, descartando cualquier posibilidad de acuerdo reparatorio.
La exigencia de justicia va más allá del resarcimiento económico y se enfoca en terminar con los privilegios de la clase política tradicional. Los campechanos señalan que la impunidaddebe acabar, especialmente cuando un ciudadano común enfrenta severos castigos por faltas menores. Por ello, lo mínimo esperable es ver al exgobernador respondiendo por su corrupción.
Los entrevistados coinciden en que no basta con exhortos públicos ni llamados a la cordura, sino que el priista debe ser sometido a un proceso judicial formal.
Finalmente, el reclamo social advierte que no se deben aceptar pactos ni perdones políticos para quien se enriqueció a costa de las carencias del estado, sobre todo ahora que pretende mantenerse activo en la escena política nacional. La ciudadanía enfatiza que el tiempo de la impunidad ha caducado y que el destino de Moreno Cárdenas debe ser el encierro para sentar un precedente
