CAMPECHE.- El Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito para facultar a las autoridades a remolcar vehículos abandonados en calles de la capital campechana, una problemática que ha generado riesgos para peatones, automovilistas y estudiantes en distintos puntos de la ciudad.
La propuesta nació a partir de la denuncia de una maestra del quinto distrito, directora de un jardín de niños, quien expuso que frente al plantel una persona mantenía estacionados varios vehículos de manera permanente, generando un riesgo considerable para niñas y niños durante los horarios de entrada y salida.
La docente señaló que la presencia de estas unidades obstruía la visibilidad y complicaba la circulación en una vialidad de alta afluencia, donde transitan no solo estudiantes, sino también padres de familia y automovilistas, incrementando el riesgo de accidentes.
Tras analizar el caso y escuchar otras denuncias ciudadanas similares, legisladores determinaron que la legislación actual no contempla una obligación clara para que las instituciones atiendan estos reportes y procedan al retiro inmediato de unidades abandonadas tras una denuncia formal.
Con esta reforma, se plantea que las corporaciones policiacas y de tránsito tomen las determinaciones pertinentes para retirar aquellos vehículos que obstaculicen la movilidad, generen condiciones de inseguridad o representen problemas ambientales derivados de su abandono prolongado.
Los impulsores de la iniciativa señalaron que no se trata únicamente de retirar automóviles, sino de establecer un marco jurídico que obligue a la autoridad a actuar con prontitud y garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para la ciudadanía.
Además, adelantaron que la propuesta será reforzada para incluir a establecimientos o negocios que invaden de manera permanente banquetas, calles y otros espacios públicos para fines particulares, afectando el libre tránsito y el interés colectivo.
Precisaron que la medida no está enfocada al comercio ambulante, sino a talleres y negocios que utilizan la vía pública como extensión de sus instalaciones, apropiándose de espacios que pertenecen a todos los ciudadanos y afectando el orden urbano en la capital campechana.
