CAMPECHE.- En el Congreso del Estado de Campeche fue presentada una iniciativa de ley que busca fortalecer la protección de periodistas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad, mediante la creación de un marco jurídico especializado.
La propuesta fue impulsada por el diputado Pedro Hernández Macdonald, quien planteó tipificar como delito grave cualquier agresión, amenaza o acto de coacción contra periodistas, estableciendo sanciones que irían de tres a nueve años de prisión para quienes incurran en estas conductas.
El proyecto contempla la creación de la Ley Estatal de Protección Integral al Ejercicio Periodístico y a la Libertad de Expresión, con el objetivo de brindar mayores garantías a quienes desempeñan labores informativas y de comunicación en el estado.
Asimismo, la iniciativa establece que las penas podrían duplicarse cuando el responsable de la agresión sea un servidor público, además de aplicar una inhabilitación de hasta 20 años para desempeñar cargos dentro de la administración pública.
Buscan fortalecer la protección al gremio
Entre las medidas planteadas destaca la creación de un fondo económico y un seguro de vida para periodistas que desarrollan su labor en municipios considerados de mayor riesgo, entre ellos Carmen, Escárcega y Campeche.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que resulta urgente generar condiciones que permitan a los comunicadores realizar su trabajo sin temor a represalias, amenazas o actos de intimidación derivados de su actividad profesional.
Hernández Macdonald también propuso instalar una mesa de diálogo plural para revisar el marco normativo vigente, fortalecer los mecanismos de prevención y mejorar los protocolos institucionales de protección a periodistas y defensores de la libertad de expresión.
Hizo un llamado a organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, instituciones educativas, medios de comunicación y organizaciones civiles para construir propuestas que fortalezcan la labor periodística. Además, recordó que el Congreso ha sostenido reuniones con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de revisar figuras legales que podrían ser utilizadas para inhibir la crítica y la libre expresión.
