CAMPECHE.- El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en Campeche, determinó aplazar la resolución de los dos amparos directos promovidos por el exalcalde de Campeche, Eliseo “F”, y la exdirectora del DIF municipal, Consuelo “E”, quienes buscan revertir la inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos dictada por la Sala Unitaria Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
La decisión fue tomada durante la sesión celebrada el pasado 14 de mayo de 2026, en la que los tres magistrados acordaron diferir el análisis de los expedientes 1120/2025 y 1121/2025, al considerar necesario realizar un estudio más profundo de los recursos legales promovidos por ambos exfuncionarios.
Aunque el aplazamiento mantiene vigente la sentencia emitida desde mediados de 2024, los efectos de la resolución permanecen suspendidos hasta que el Tribunal Colegiado emita un fallo definitivo, por lo que la sanción aún no adquiere firmeza jurídica.
La resolución impugnada establece una inhabilitación de 20 años para desempeñar cualquier cargo público, además de sanciones económicas derivadas de la falta administrativa grave atribuida a ambos exservidores públicos.
En el caso de Eliseo “F”, la multa asciende a un millón 524 mil 259 pesos con 34 centavos, mientras que Consuelo “E” fue condenada al pago de 762 mil 129 pesos con 67 centavos, montos determinados como parte del procedimiento administrativo sancionador.
La autoridad administrativa sustentó su fallo en una investigación iniciada por observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, la cual detectó presuntas irregularidades relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, configurando la falta administrativa grave de peculado.
De acuerdo con el expediente 023/2023/SUE, Eliseo “F”, en su calidad de alcalde, habría destinado recursos municipales para la adecuación y mejoramiento de un predio de su propiedad ubicado en el Centro Histórico de la capital campechana.
En dicho inmueble operó un consultorio médico de bajo costo y una farmacia impulsados a través del DIF Municipal, situación que la autoridad consideró irregular al determinar que el exedil mantenía la propiedad del predio beneficiado con recursos públicos.
