CAMPECHE, CAMP. El fantasma de la corrupción de la administración del exgobernador a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a quedar expuesto bajo la lupa de la justicia federal. Durante la emisión del “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Sansores calificó como un “caso cerrado” el litigio contra el consorcio constructor del Nuevo Puente de la Unidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara definitivamente a favor del Estado.
La resolución no solo obliga a la empresa ICA y sus socios a reintegrar 23 millones 59 mil 755 pesos al erario estatal, sino que pone al descubierto una red de irregularidades, sobrecostos y negligencias que ocurrieron bajo la mirada —u omisión— del hoy dirigente nacional del PRI.
Lo que se pretendía vender como una obra histórica para Campeche, resultó ser una de las mayores tranzas del sexenio de Moreno Cárdenas.
El contrato original (LO9040112996-E2-2017) estipulaba un costo de mil 298 millones de pesos; sin embargo, mediante maniobras opacas, la cifra se infló casi un 30 por ciento, disparándose hasta los mil 901 millones de pesos. Pese a este sobrecosto de más de 600 millones de pesos, la obra fue entregada en condiciones deplorables.
La “inacción” de la administración de “Alito” permitió que el consorcio entregara un puente incompleto y peligroso. Auditorías realizadas apenas tres días después de su inauguración en 2019 revelaron que el viaducto presentaba desde fallas estructurales deslaves en los taludes que amenazaban la cimentación de las defensas metálicas, así como deficiencias técnicas como falta de alumbrado público (pese a estar contratado), drenes pluviales sin terminar y señalética inexistente. Y riesgo latente, pues las bases de letreros que no garantizaban resistencia a las condiciones climáticas de la zona por falta de pruebas de laboratorio.
JUSTICIA PARA CAMPECHE
La gobernadora Layda Sansores celebró que la SCJN desechara el recurso de revisión con el que la empresa pretendía, cínicamente, cobrarle al Estado otros 191 millones de pesos adicionales.
“Es una excelente noticia en un contexto presupuestal complicado”, afirmó Sansores, subrayando que recuperar estos recursos y evitar el pago de deudas infladas es un acto de justicia ante el saqueo heredado.
Con este fallo firme, la SEDUMOP emitirá el acta de finiquito definitiva, sellando así el capítulo de una obra marcada por la sombra de la corrupción de Alejandro Moreno.
Finalmente, cabe destacar el cinismo con el que operó el consorcio bajo el amparo de la administración anterior, pero la estrategia jurídica del Gobierno estaral no solo frenó este cobro indebido, sino que logró que la balanza se inclinara a favor de los campechanos. Con el fallo de la SCJN, lo que inició como un monumento a la opacidad de Alejandro Moreno, termina hoy con una sentencia que obliga a los constructores a devolver hasta el último centavo de lo que nunca debieron retener.
