CDMX — Durante décadas, Petróleos de Venezuela , Petrobras y Pemex han sido símbolos del poder energético del Estado en América Latina. Hoy, tras la caída de Nicolás Maduro y en medio de reformas, reestructuraciones y virajes políticos, las tres petroleras enfrentan un mismo dilema: cómo sostener la producción y atraer capital sin ceder el control estratégico de sus recursos.
Las tres compañías siguen siendo formalmente estatales, pero operan bajo esquemas que combinan control gubernamental, alianzas con privados y restricciones que condicionan su competitividad frente a las grandes petroleras internacionales. En Venezuela, la transición del poder abre una etapa incierta para PDVSA, que mantiene joint ventures con socios extranjeros como Chevron, Repsol y empresas chinas, pero arrastra infraestructura deteriorada, sanciones y una frágil certidumbre jurídica que limita la llegada de nuevas inversiones. En México y Brasil, los caminos fueron distintos, pero el desafío es similar. Pemex volvió en 2024 a un modelo de control estatal reforzado, mientras Petrobras consolidó una estructura de capital abierto tras una profunda reestructuración financiera, dos respuestas opuestas a una misma pregunta sobre el futuro de las petroleras públicas. Más allá de sus trayectorias específicas, las tres petroleras enfrentan condiciones similares para atraer inversión en un entorno cada vez más exigente. “Sea cual sea la petrolera estatal que se analice, todas deben cumplir con condiciones de competencia, certidumbre jurídica y condiciones contractuales que permitan inversiones convenientes para los privados que apuesten sus recursos económicos y tecnológicos y en general beneficiosos para ambas partes”, aseguró Leonardo Beltrán, non-resident fellow del Instituto de las Américas.
Brasil ofrece un contraste relevante. Petrobras es una empresa petrolera semipública: el gobierno de Brasil controla 29% de las acciones de la compañía con derecho a voto.
A ello se suma la participación del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social y del Fondo Soberano de Brasil, que en conjunto administran otro 8%, lo que da un total de 37% bajo control gubernamental. El 63% restante de la participación accionaria se distribuye entre inversionistas del mercado minorista brasileño, así como entre la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Madrid y fondos privados e institucionales, de acuerdo con su estructura accionaria al cierre de diciembre de 2025.
