CDMX— Lo que comenzó en los noventa como perforaciones clandestinas por trabajadores de Pemex, se transformó durante los gobiernos del PAN y el PRI en un negocio multimillonario que involucra a carteles, empresarios y políticos. Este saqueo, que cuesta miles de millones de pesos a la nación, revela cómo figuras de la oposición han lucrado sigilosamente, mientras México enfrenta una crisis de seguridad y corrupción.
RAÍCES DEL SAQUEO
El huachicol tuvo su origen en el robo local de combustible, pero durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), las tomas clandestinas se dispararon de 155 en 2000 a 14,916 en 2018, según el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México. La desregulación energética, la corrupción en aduanas y la falta de controles en Pemex crearon un entorno propicio. Bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018), redes criminales operaron con impunidad, como lo evidencia el caso de Eduardo León Trauwitz, exfuncionario de Pemex acusado de proteger tomas clandestinas que generaron pérdidas por 25 mil millones de pesos.
Hoy, el huachicol es un negocio transnacional que mueve buques, trenes y empresas fantasma. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., carteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa usan el combustible robado para financiar operaciones, con la complicidad de empresarios y políticos mexicanos.
El decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos ilícitos en Coahuila, anunciado el 8 de julio de 2025 por Omar García Harfuch, ha destapado un escándalo que salpica a la oposición. La empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, está en el centro de las acusaciones. Ruffo, ícono del PAN por romper la hegemonía priista en 1989, es accionista mayoritario de esta compañía, señalada por falsificar documentos para importar combustible ilegal, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
Ruffo niega las acusaciones, afirmando que Ingemar opera legalmente y colabora con la FGR. Sin embargo, las evidencias sugieren una red que habría obtenido permisos de importación durante el último año del gobierno de López Obrador, con un valor estimado de 270 millones de dólares anuales. En Baja California, el exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna también fue señalado por poseer un predio con 8 millones de litros de combustible ilícito, mostrando que el problema trasciende partidos.
