MÉXICO.- En la historia reciente de Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román se ha erigido como una figura indomable en la lucha contra la corrupción, destacándose por su valentía y determinación. Fue una de las primeras en señalar con pruebas contundentes la corrupción que marcó la administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este acto de valentía ha puesto en evidencia los oscuros intereses de aquellos que, durante años, abusaron del poder para enriquecerse a costa del bienestar de la población.
Hoy, cuando el desafuero de “Alito” está más cerca que nunca, la gobernadora se mantiene firme, decidida a llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha por la justicia. Con pruebas irrefutables en su poder, Layda Sansores está dispuesta a enfrentar a uno de los políticos más poderosos del país, demostrando que la impunidad no tiene cabida en su gestión. La solicitud de desafuero de Alejandro Moreno, ahora en manos de la Cámara de Diputados, es uno de los capítulos más cruciales de este proceso.
Las recientes detenciones de funcionarios cercanos a “Alito” por actos de corrupción son una muestra de cómo la red de impunidad que él mismo tejió durante su gestión está siendo desmantelada. El próximo miércoles, se revisará, finalmente, la solicitud de desafuero, un momento clave en el que la gobernadora dará un paso al frente con sus pruebas, esas mismas que han sido el motor de su incansable denuncia pública.
INTERPOL TIENE UBICADO A “ALITO”: LA JUSTICIA LO ALCANZARÁ
La amenaza de fuga de “Alito” ha sido un tema recurrente en este proceso, pero ahora, con Interpol involucrado, la posibilidad de que “Alito” Moreno logre escapar de la justicia se desvanece. Layda Sansores tiene claro que la ley no permitirá que este político evada las consecuencias de sus actos. Campeche, con un grueso expediente en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía, lo espera con las rejas abiertas.
“Alito” está acorralado, y aunque podría intentar huir, lo cierto es que la justicia lo tiene bien agarrado. La denuncia presentada por la gobernadora Sansores ante la Fiscalía Estatal no solo incluye el desvío de casi cuatro mil millones de pesos de recursos públicos durante su mandato como gobernador, sino que también abarca delitos graves como tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, y peculado, entre otros. Estos delitos, según las investigaciones, se cometieron entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, cuando “Alito” ostentaba el cargo de gobernador.
