CAMPECHE.- Alejandro “Alito” Morena Cárdenas, afinó la comparsa, días antes de la manifestación del pasado domingo, exigió a funcionarios tanto a priistas como emecistas llevaran decenas de acarreados, ya sea “pagados o amenazados”, pero tenían que estar presentes. Para su traslado, les facilitaron autobuses o camionetas tipo furgonetas.
Y así, llegaron de todos lados, de varios municipios e incluso de otros estados aledaños, los contingentes iban encabezados tanto por integrantes del PRI como de Movimiento Ciudadano.
Entre los que se dejaron ver destacaban: Karla Toledo, Ariana Rejón Lara, Gerardo Montero (tío de “Alito”), Jorge Esquivel Ruiz, José Luis Flores, Adolfo Cevallos de la dirección de comunicación social de la SMAPAC. Así como Chuy Aguilar, Ricardo Medina, Freddy Quijano, Laura Barqueiro, Juan Portela.
Otro grupo, iba encabezado por la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, Pedro Armentía, Alejandro Gallegos, Vicente Cruz y Christian Castro Bello.
Uno de los manifestantes, quien pidió omitir su nombre, comentó que es comerciante y oferta sus productos en los alrededores del Centro Histórico del municipio de Campeche, por lo que la semana pasada le exigieron que el pasado domingo se presentara junto con nueve personas más “en apoyo de los policías”, es decir, en total eran 10 personas por comerciantes. De no asistir, perdería su permiso para vender.
“Vinieron mis dos hijos y mi esposa. Los otros seis que faltaban, les pedí a mis vecinos y amigos que me apoyaran. Les pagué a cada uno 200 pesos más su comida”, comentó el vendedor de nieve.
Agregó que no está de acuerdo que lo hagan ir, ya que perdió su venta de domingo, la mejor de la semana, tuvo que pagar mil 200 pesos en total. “Para que saliera más barato, mi esposa hizo unos tacos para nuestros acompañantes. Ya sólo compré los refrescos”.
Ante este ejemplo de condicionar un permiso a cambio de que vaya a una manifestación, el abogado experto en delitos electorales, Javier Reyes Miranda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que, si se descubre que, algún funcionario público está condicionando o restringiendo el permiso o concesión al dicho comerciante está cometiendo un delito electoral, por lo que, la pena que se impone al servidor público que cometa este delito es de 200 a 400 días de multa y de dos a nueve años de prisión.
Otro de los acarreados, afirmó que labora en el ayuntamiento del municipio de Campeche. De igual forma, lo hicieron ir a la manifestación “en apoyo de los policías”. Asegura, que le pasaron lista antes de subir al camión y al terminar la manifestación. En su caso les ofrecieron un día de asueto “por asistir el domingo, en su descanso obligatorio”.
ENTÉRATE
Como quieren ganar, vinimos porque nos amenazaron de quitarnos nuestros permisos sino obedecíamos, pero de eso que vote por ellos, hay mucha distancia, dijo el nevero enfadado.
