EL PASO, TEXAS. A partir del primer minuto de este viernes entró en vigor en Estados Unidos el ‘Título 8’, una disposición migratoria que se aplica desde hace décadas, y que permite expulsar a toda aquella persona que entre al país sin una visa o documentación requerida.
Este fue suspendido durante tres años para aplicar el ‘Título 42’, una norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente republicano Donald Trump para supuestamente frenar la pandemia de Covid-19, que permitía expulsar automáticamente a casi todos los migrantes que llegaban sin visa o documentación necesaria para entrar.
Contrario a ello, el ‘Título 8 establece consecuencias más graves para los migrantes que crucen la frontera ilegalmente.
Es importante puntualizar que la finalización del Título 42 y la renovación de la aplicación del Título 8, hará que las medidas para controlar la inmigración ilegal se intensifiquen.
Por ejemplo, las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo, primero serán deportados y estarán sujetas a una prohibición de admisión en Estados Unidos de al menos cinco años.
También podrían enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente, es decir, sin son reincidentes.
ENTREVISTAS DEL MIEDO
Cuando el migrante llega o es detenido, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU llevan a cabo las llamadas “entrevistas de miedo creíble”, en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Si concluyen que existe, se lanza un proceso migratorio y deberá comparecer ante un juez.
Entre tanto puede quedarse en el país o bien puede ser enviado a México, en virtud de la política conocida como “Quédate en México”, para que espere allí la cita judicial.
Si estiman que no existe un peligro lo expulsan a través de una “deportación acelerada”, informó a finales de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Desde que se activó en 2020 el Título 42, casi tres millones de personas en busca de asilo fueron expulsadas, en su mayoría a México, donde se crearon campamentos improvisados.
Durante la primera mitad del año fiscal 2023, se regresaron a 225 mil 483 personas y expulsaron a más de 440 mil bajo la orden de salud pública del Título 42.
