Comna carmelita, “Cuna de lobos”

La SFP inhabilitó a quince funcionarios de la administración panista de PGL, anteriormente fueron 27, y va corriendo…

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Ciudadanos se dicen defraudados por todos los presidentes municipales, ya que solo llegan al poder para llenar sus cuentas bancarias.

CD DEL CARMEN. Una vez más el Ayuntamiento de Carmen, da de que hablar ante los medios de comunicación, y es que ya se volvió costumbre inhabilitar a servidores públicos municipales, debido a su falta de importancia ante su declaración patrimonial, tal es el caso la administración saliente que encabezó el ex munícipe Pablo Gutiérrez Lazarus, que después de desviar millones de pesos y no pagar las cuotas obreros patronales, dejando un déficit en la Comuna carmelita, sus funcionarios municipales igual siguieron sus malos pasos.

Y es que alrededor de quince funcionarios de la administración municipal de Carmen 2015-2018 fueron inhabilitados por el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a que no presentaron su declaración patrimonial en los plazos establecidos.

En el reporte emitido por el Sistema de Registro de Servidores Públicos de la SFP, en el que la autoridad sancionadora es la Controlaría Municipal, la lista de empleados omisos se encuentra principalmente en los sectores de atención en salud, administración y protección civil.

Este caso pareciera que solo es en la administración panista, lo cual no lo es, ya que igual en el año 2016, de la misma forma de incumplimiento, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal inhabilitó por un año a 27 servidores públicos del Ayuntamiento de Carmen de la administración 2012-2015, de Enrique Iván González López; la mayoría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los cuales en ese entonces sumaban 45 las inhabilitaciones vigentes que tenía en la Entidad la Secretaría de la Función Pública en la administración estatal y municipal, principalmente por incumplimiento a la declaración patrimonial, seguido de la violación a leyes y normatividad presupuestal, y por cohecho o extorsión, los cuales algunos aún mantienen una sanción de hasta 12 años para laborar en el sector público estatal.