Los partidos políticos financian con recursos ilegales la mayor parte del gasto que realizan durante las campañas para cubrir el costo de su estructura y comprar o inhibir el voto, advirtieron María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde.
Al presentar el estudio “Dinero bajo la Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México”, Casar sostuvo que por cada peso reportado hay 15 que fueron utilizados de manera ilegal.
Estos recursos, explicó, provienen del desvío de recursos públicos, del financiamiento privado ilegal y del crimen organizado.
El estudio, mencionó Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se basó en la revisión de las 15 elecciones estatales realizadas en 2015 y 2016.
Un indicador claro del manejo de recursos opacos durante las campañas electorales, dijo Casar, es el aumento del dinero en efectivo en la economía de las entidades donde se realizan elecciones.
De acuerdo con datos del Banco de México, detalló, en 2012, durante la campaña presidencial, el flujo de efectivo se incrementó en 37 mil millones de pesos, en tanto que en 2015, durante las elecciones intermedias, el aumento fue en 28 mil millones.
“No podemos afirmar con certeza que todo se vaya a campañas políticas, pero sí es curioso el dato de que, repentinamente en los cuatro meses de campaña, suban las transacciones en efectivo y pues sí, por eso tenemos las tarjetas Monex, estos plásticos que se entregan”, dijo.
Casar afirmó que, de acuerdo con la información recabada en el estudio, que incluyó entrevistas con 60 operadores y actores políticos, cada voto obtenido en zonas urbanas tiene un costo promedio de mil pesos y en las rurales de 500.
Ugalde, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, dijo que el problema del financiamiento ilegal es sistemático, pues en él incurren todos los partidos sin excepción.
Una manera de romper esta práctica, expuso, sería implementar efectivamente el voto obligatorio, es decir, que todos los ciudadanos deberían sufragar por ley, con lo que las estructuras electorales de los partidos perderían razón de ser.
En México, dijo, el voto es obligatorio, pero, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, no existe una sanción por incumplir con la ley.
“Si el ciudadano está obligado a ir, porque sabe que si no lo hace recibe una multa o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada del partido a la sociedad, y esto descarga una fuente importante de contratar taxis para movilizar votantes”, explicó.
Otras medidas que podría ayudar, añadió, es la urna electrónica, pues buena parte del dinero que los candidatos y la autoridad electoral gastan es en los representantes de casilla.
Con información de Reforma.
