CAMPECHE, CAMP. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversas cámaras del sector productivo buscarán incidir directamente en la construcción del paquete económico para el ejercicio fiscal 2027. Tras la recepción de los techos financieros preliminares enviados por la Federación, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) confirmó que mantendrá canales de diálogo con la iniciativa privada para integrar sus propuestas en el diseño final del gasto público.
La inclusión de las demandas empresariales marcará el arranque formal de las negociaciones para el último presupuesto completo que ejecutará la actual administración. El titular de la SAF, Jezrael Larracilla Pérez, explicó que la dependencia se encuentra receptiva a las inquietudes expresadas con el objetivo de acordar un esquema presupuestal más amplio que atienda los requerimientos del sector privado y estimule la actividad económica del estado.
Esta interlocución con el sector empresarial se dará en un escenario financiero que muestra un comportamiento más estable que el del año anterior. De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades fiscales federales, las participaciones proyectadas para 2027 registran un crecimiento ligero que detiene la tendencia a la baja observada en el ciclo fiscal previo, lo que brindará una base económica con menor margen de incertidumbre para las inversiones públicas y privadas.
BUSCAN AJUSTAR EL GASTO
A la par del diálogo con el gremio patronal, la estrategia de concertación abarcará al Poder Legislativo local. La SAF detalló que coordinará mesas de análisis junto con la presidencia del Congreso del Estado para dar participación a la totalidad de los grupos parlamentarios, de modo que las observaciones provenientes tanto del ámbito empresarial como de las distintas fuerzas políticas sean evaluadas antes del dictamen final.
En cuanto al destino de los recursos que demandan los sectores productivos y la ciudadanía, la SAF indicó que las prioridades fijadas para este cierre de gestión se centrarán en detonar el sector económico y la infraestructura pública —con un componente de desarrollo ambiental—, sin descuidar la cobertura de los programas sociales orientados al fortalecimiento de las familias en la entidad.
