CAMPECHE.- El Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes dio a conocer los alcances de la sentencia emitida a su favor por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de un proceso legal relacionado con la calidad y contaminación del agua en la región de Hopelchén.
De acuerdo con representantes del colectivo, la resolución fue determinada el pasado 27 de agosto durante una sesión presencial de la Suprema Corte, donde, por unanimidad, las ministras y ministros reconocieron los argumentos presentados por las comunidades respecto a la presencia de residuos de plaguicidas en el agua.
Las comunidades señalaron que se trata de un tema delicado debido a los riesgos que representa para la población y el medio ambiente la posible contaminación de las fuentes de agua utilizadas en la región de Los Chenes.
El proceso legal fue promovido por el colectivo hace varios años y, tras aproximadamente seis años de litigio, finalmente se obtuvo una resolución favorable que reconoce la necesidad de atender la problemática relacionada con los plaguicidas y la calidad del agua.
Durante la presentación pública de la sentencia, representantes de las comunidades y especialistas explicaron que ahora será fundamental conocer los mecanismos mediante los cuales se dará cumplimiento a la resolución y las acciones necesarias para hacer efectivos sus alcances.
UN LARGO PROCESO LEGAL
Itzel Arteaga, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que el juicio de amparo estuvo sustentado principalmente en tres argumentos relacionados con la falta de información, la presencia de plaguicidas y la ausencia de una política pública clara para atender esta problemática.
El primer argumento expuesto fue la falta de información clara y suficiente sobre el estado y la calidad del agua en Hopelchén, particularmente en lo relacionado con la posible presencia de sustancias tóxicas y residuos de plaguicidas.
Como segundo punto, las comunidades señalaron que existían indicios e información sobre la presencia de plaguicidas en el agua de la región, por lo que consideraron necesario que las autoridades realizaran estudios, generaran información y establecieran medidas para conocer la dimensión del problema.
El tercer argumento planteado en el amparo fue la falta de una política pública específica para prevenir y atender la contaminación y los riesgos derivados de la exposición de las comunidades a estas sustancias en la región de Hopelchén.
La abogada explicó que en una primera resolución, emitida en 2024 por un juzgado federal en Campeche, se determinó que no se habían presentado pruebas suficientes para acreditar el daño, pese a que ya existía información pública de autoridades sobre la presencia de plaguicidas en la zona.
Ante esta decisión, las comunidades promovieron un recurso de revisión y solicitaron la intervención de la Suprema Corte, debido a la importancia del caso no solo para Hopelchén y Los Chenes, sino también por las implicaciones que podría tener en la protección ambiental, la salud y las políticas públicas relacionadas con el uso de plaguicidas en México.
